El domingo 29 de enero de 2011, una nota publicada en el matutino Página/12 da cuenta de un proceso judicial a la trasnacional Nidera, realizado en la ciudad de San Pedro, que saca a la luz las condiciones infrahumanas en las que trabajan los “changos” -trabajadores golondrina de Santiago del Estero- que realizan la difícil tarea de desflorar maíz.

Pergamino, como tantas otras ciudades de la región pampeana y de la Argentina toda, hoy no es ajena al avance arrollador del cultivo de soja. Sin embargo, la siembra de maíz por parte de las trasnacionales graneras sigue ocupando una considerable cantidad de hectáreas.

Cargill, Nidera, Monsanto-Dekalb y Southern Seeds Production son las principales empresas dedicadas a la producción de semillas híbridas. Los “changos”, contratados por estos pulpos de la agricultura a través de consultoras, se encargan del desflorado o despanojado del maíz, una tarea fundamental en dicho proceso.

El diario La Opinión de Pergamino, del 29 de enero de 2009, publicó un artículo titulado “En la campaña más de 10 mil ‘changos’ efectúan su trabajo en los semilleros”. La nota se basa en los pomposos comentarios de los titulares de las consultoras Manpower y Adecco, Gonzalo Ramos y Hernán Alonso, respectivamente, quienes no mezquinan elogios a esta nueva forma de esclavitud consumada por las empresas agrícolas y las agencias empleadoras que actúan como intermediarias.

“El santiagueño es elegido porque su trabajo es calificado y puede soportar las altas temperaturas. Los changos tienen mano de obra calificada porque conocen el trabajo a la perfección. Actualmente, hay escasez de mano de obra porque hay más oferta de trabajo y además una importante cantidad de trabajadores mayores se han jubilado”, afirma el titular de Manpower.

“El santiagueño es prolijo, ordenado, sumiso, tiene los objetivos delineados, no es conflictivo. Además, el trabajador debe adaptarse a sus compañeros, ya que la labor es en equipo, por lo que tiene que aprender a convivir no sólo con sus compañeros de casilla sino también con las personas que están trabajando en los campamentos (conformados por 50 ó 60 santiagueños). Son personas muy dóciles que se adaptan a vivir y trabajar en grupos, y se pueden adaptar fácilmente a las jornadas de la época estival cuando por lo general en el campo hace más de 40 grados. Son especialistas en esta tarea”, revela Hernán Alonso, titular de Adecco. Según los dichos del representante de la consultora, el lector podría llegar a establecer una perversa y degradante analogía entre los “changos” santiagueños y un ejemplar de la raza Rough Collie o cualquier otro can que se destaque por su docilidad y sumisión. Por otra parte, el redactor de la nota se esmera en resaltar que “muchas personas creen que los ‘changos’ trabajan en malas condiciones”. Y que “para desmitificar esto, los titulares de las consultoras manifestaron que se busca en todo momento optimizar las condiciones de trabajo y de vida de los santiagueños”.

La explotación de los trabajadores golondrina por parte de las empresas graneras transnacionales, la zafra, la recolección de zanahorias y otras tantas tareas que se ejecutan estacionalmente, es moneda corriente desde hace mucho tiempo. Este sistema de semiesclavitud no es patrimonio exclusivo de las actividades agrícolas, tiene su paralelo en los regímenes laborales que padecen los trabajadores de los hipermercados, los call center y un sinnúmero de labores que, en el marco del trabajo precarizado y tercerizado, y con la gestión de las consultoras como intermediarias, proveen mano de obra de muy bajo costo a la insaciable maquinaria del sistema capitalista del cual la Argentina de la era K no constituye una excepción.

Hasta el asesinato de Mariano Ferreyra a manos de los sicarios de la Unión Ferroviaria, la tercerización era una realidad ignorada por muchos y disimulada por quienes obtienen jugosas ganancias de ella: funcionarios, empresarios y burócratas sindicales.

Los trabajadores ferroviarios tercerizados dieron el puntapié inicial en la lucha contra esta nueva forma de explotación. Los telefónicos y los empleados de las proveedoras de electricidad privatizadas siguen ese camino. Un camino al que una justicia funcional y adicta al sistema pretende obstaculizar mediante la criminalización de la protesta. No obstante, son cada día más los que están dispuestos a transitarlo.