El pasado 18 de septiembre fue anunciado, en la Casa Rosada, un plan para construir viviendas de un valor de 20.000 pesos cada una, por medio de cooperativas de desocupados de los planes Jefes y Jefas. Los trabajadores ganarían entre 300 y 500 pesos, según la especialización, aunque, en la transición, los cooperativistas cobrarían los planes Jefes y Jefas hasta que las primeras cuatro viviendas estén certificadas por las unidades ejecutoras de los diferentes ministerios. Se invertirían 124 millones de pesos, en una primera etapa, para la construcción de 6.208 viviendas. Los beneficiarios pagarían una cuota mensual de 33 pesos por un plazo de 50 años a tasa 0.

En Argentina, el déficit de viviendas asciende a más de tres millones, según datos de 1999; en la Ciudad de Buenos Aires existen trescientas mil personas con necesidades de vivienda permanente. El programa lanzado por el señor K está lejos, entonces, de satisfacer las necesidades de vivienda de los trabajadores sin techo y de absorber a los dos millones de desocupados. Con este nivel de “inversión” se tardaría 161 años en cubrir las necesidades de vivienda del conjunto de la población, esto sin tomar en cuenta el crecimiento demográfico. En esta primera etapa sólo ocho provincias y treinta y ocho municipios adhirieron al convenio.

Las cooperativas de trabajo, con un máximo de 16 miembros y un 75% de beneficiarios del plan Jefes y Jefas, serían contratadas por los municipios. Los cooperativistas pasarían a tener que aportar como autónomos y la co operativa debería hacerse cargo del pago de la ART y de los impuestos de las cooperativas: Ingresos Brutos, el fondo para Educación y Promoción Cooperativa, y los impuestos y tasas municipales, más el pago de los libros y papelería necesarios para la constitución de la “cooperativa”. Un primer proyecto preveía la eximición de impuestos, así como el subsidio de las máquinas y herramientas necesarias por el Ministerio de Desarrollo Social. Esto ya no es así; el valor de ese material se descontará en calidad de capital de trabajo inicial, o sea que no sólo durante los primeros seis meses los cooperativistas cobraran los magros 150 pesos. Además, tienen que contratar a un profesional para la dirección de obra. No sólo esto, el contrato con el municipio que certifica las obras es renovable cada semestre, lo que no garantiza para nada la continuidad.

Nuestro planteo

Esta política es una cortina de humo, amparada en el paraguas de la “autogestión”. Varios funcionarios de la Secretaria de Vivienda adelantaron que los planes estilo Fonavi, serán sustituidos por cooperativas de trabajo.

El Partido Obrero plantea que los trabajadores de las cooperativas tengan un salario mínimo de 800; y que la provisión de máquinas y herramientas esté a cargo del Estado, sin cargas impositivas. Por un gran plan de obra pública y construcción de viviendas sobre la base del no pago de la deuda externa, la confiscación de la banca, e impuestos progresivos a las grandes fortunas y propiedades. ¡Vivienda para todos!