La ministra de seguridad Patricia Bullrich aseguró esta mañana en TN que quiere una“Argentina sin privilegios ni extorsiones”, pero no se refería con ello a los especuladores que hacen fabulosos negociados con tasas de interés del 50% anual, o a los dictados de ajuste del FMI, sino a las organizaciones que participan del paro general.

“La actitud de los manifestantes es no dejar vivir en un país tomado”, dijo Bullrich, en un intento por justificar el gigantesco operativo represivo montado contra los cortes en diferentes accesos a la Capital. En el día de ayer, ese despliegue impidió durante horas en Puente Pueyrredón que una columna de las organizaciones sociales siguiera su paso hacia Plaza de Mayo.

Y denunció una “obstrucción permanente” en referencia a que “todos los días hay una marcha”. La visión conspirativa de la ministra anatematiza el derecho a la protesta porque no quiere reconocer que éstas son la consecuencia inevitable y legítima de una política de entrega y sometimiento que ha implicado en los últimos meses una pulverización del salario como consecuencia de la devaluación, tarifazos en los servicios y el transporte y el crecimiento de la desocupación que orilla los dos dígitos. Ayer mismo se anunció el cierre de dos plantas de Alpargatas, que dejará 400 personas en la calle (BAE, 24/9).

Bullrich trata de encubrir esta masacre social por medio de provocaciones políticas, como atribuir el atentado con bombas molotov de ayer en el Círculo de Suboficiales de Gendarmería a la movilización desarrollada en Plaza de Mayo. “Los responsables de la marcha tienen que hacerse cargo”, amenazó.

La diatriba de Bullrich expresa la impotencia del gobierno frente al paro masivo de los trabajadores.