Políticas

5/7/2007|999

Las derivaciones de Skanska en Jujuy

A fines del año pasado, Ambito Financiero (7/12/06) informaba: "facturas falsas: se habla ya del Grupo Altiplano". Es el entramado de dirigentes políticos jujeños que está siendo investigado por el juez López Biscayart en la causa por facturaciones truchas, utilizadas para disimular las coimas a funcionarios por las concesiones de la obra pública. Este Grupo Altiplano es presidido por el senador jujeño Guillermo Jenefes, y lo integran otros diputados del PJ, hoy involucrados en la denuncia por sus vinculaciones con Skanska.


Pero eso no es todo. Algunos medios provinciales anunciaban a Fellner-Jenefes como ‘padrinos’ de Néstor Ulloa, el ex gerente de Nación Fideicomiso incriminado por las coimas de Skanska, y de Marcelo Quevedo Carrillo, cuñado de Jenefes y director del Banco Nación. Estos hombres, que venían haciendo muy buenos negocios tanto en la obra publica como en la producción agraria jujeña, pasaron a ocupar lugares estratégicos en el financiamiento de la obra pública nacional.


Con el oficialismo denunciado, la UCR cogobernante intentó despegarse criticando el escándalo. Pero Jujuy es chico. El ex juez Miguel Cabezas denunció en los medios el sobreprecio en la obra del puente Los Perales, presupuestada en 22 millones de pesos y sobrefacturada en 43 millones…cuando una obra similar en Salta costó 10 millones. La aprobación salió de la Legislatura donde Bernis, de la UCR, preside la Comisión de Finanzas y Economía.


Los cuantiosos fondos nacionales para la obra pública en la provincia han sido motivo de campañas permanentes, con visitas oficiales de Kirchner. Las obras que llegaron a concretarse se hicieron bajo estas condiciones, con sobreprecios y endeudamiento provincial, garantizando –coimas de por medio– las grandes licitaciones a las contratistas de amigos del gobierno. Las obras de infraestructura reclamadas por los vecinos de los barrios fueron dejadas de lado; se realizaron las más apetecibles para estos entramados de corrupción.


El Partido Obrero denunció permanentemente al poder político gobernante sobre los negociados con la obra pública, las privatizaciones y la entrega de los recursos naturales en la provincia, en contraste con la explotación, la desocupación y el trabajo en negro. Hoy esas denuncias se transformaron en noticias de los medios, aunque no en sanciones judiciales. Tenemos por delante una fuerte campaña electoral en donde el poderoso y descompuesto aparato político del PJ y la UCR pretenderán acaparar la provincia. Sin embargo, los trabajadores y el pueblo, cansados de lo mismo, tendrán que empezar a sacar sus conclusiones. Nosotros debemos trabajar, más que nunca, en construir una oposición sobre nuevas bases, con los trabajadores y el pueblo.