La detención de los otros dos prófugos de General Alvear, en la mañana de este lunes, no cierra la crisis de Estado que se puso de manifiesto desde el mismo día de las fugas. Lo que tenía que ser una primera victoria oficial, con la captura de Martín Lanatta este sábado,  se convirtió en un completo bochorno. La falsa información sobre la detención de los otros dos fugados no ha sido explicada por sus responsables. Por un lado, se afirma que provino de las propias fuerzas de “seguridad”, probablemente de la policía santafecina o de la gendarmería. Por el otro, se atribuye a fabulaciones de miembros del gabinete, o sea, a una manipulación informativa contra la población.  En cualquier caso, su resultado objetivo fue otorgarle a los otros prófugos varias horas decisivas. Esta sospecha confirma lo que ha estado presente desde el primer momento de la fuga, a saber, que no estamos ante una pelea entre prófugos y policías, sino ante un choque entre dos fracciones del aparato del Estado, donde el entrelazamiento con el delito está de los dos lados del mostrador. En estos trece días de fuga, la información periodística da cuenta de enfrentamientos armados entre la bonaerense y la gendarmería en la zona de La Plata; de esa misma gendarmería y la policía de Santa Fe en esta última provincia, y de todo tipo de choques y trapisondas entre las mismas fuerzas de `seguridad` que fueron felicitadas en la tarde de este sábado por el presidente Macri. El gobierno asumió confirmando la estructura de mandos de todas estas fuerzas –ni qué decir de los “socialistas” de Santa Fe, que conviven con su sospechada policía provincial desde hace una década.

Pero el principal aporte de este escándalo no es el carácter de los aparatos de represión existentes en la Argentina, algo que ya ha sido confirmado por los centenares de casos anuales de gatillo fácil, zonas liberadas o redes de trata. No: el blooper del sábado pone de manifiesto la completa incapacidad de los nuevos “republicanos” para salir de este pantano, que es mucho más profundo que el de los pajonales de Santa Fe. La razón de fondo es que el macrismo y “Cambiemos” forman parte de ese Estado y ese régimen social en descomposición, donde el entrelazamiento entre el crimen organizado y las `altas`finanzas tiene alcance internacional, y enfrenta, al igual que en Argentina, a diferentes camarillas del aparato estatal. Macri sospecha ahora del flamante jefe de la Bonarense, el cual, según “Clarín”, habría sido recomendado ¡por la DEA!. Es la misma “palanca” que tuvo Fino Palacios, el inspirador de la policía Metropolitana de las escuchas telefónicas, la represión al Borda y al Indoamericano. Si de vínculos con barras y clubes de fútbol se trata, hay que tomar nota que Macri nombró al frente de la ex SIDE a un representante de jugadores, cuyas transferencias internacionales constituyen uno de los principales canales para el lavado de dinero. Otra estrella de la nueva “seguridad” oficial, Cristian Ritondo, manejó las barrabravas de Nueva Chicago. Si Macri quisiera avanzar en una “nueva depuración” de la seguridad estatal,  debería desatar una primera crisis de gabinete.

¿Será? En medio del bochorno de las informaciones falsas, a Macri se le escapó el reproche a un “sistema podrido”, en referencia a los aparatos de `seguridad`. Pero podemos anticipar que Macri, por el contrario, renovará los pactos con esos aparatos. Por lo pronto, se apresta a transferirle a la Ciudad una policía Federal tan o más  sospechada que las otras fuerzas, y con sus mandos y estructuras intactas.

En los mismos días en que los prófugos transitaban por media Argentina, las fuerzas represivas mostraban una celeridad inusitada para castigar con palos y gases a trabajadores despedidos en La Plata. Es una parte de las decenas de miles de precarizados que han sido cesanteados, inaugurando el “ajuste” oficial. Macri necesita del “sistema podrido” para encaminar ese ajuste, el primer trofeo que quiere llevarle a los usureros internacionales.

En otro plano, el cerco procesal a Aníbal Fernández y la camarilla k podría reforzarse con las declaraciones judiciales de los tres condenados. Pero ese cerco, como ya viene ocurriendo, es parte de las extorsiones que apuntan a un pacto político y parlamentario con el FPV. Es lo que ya se está pergueñando en la legislatura bonaerense:  en la votación del presupuesto de ajuste de Vidal, la Cámpora miraría para otro lado, en una abstención pactada con los intendentes. Más lejos de allí, Alicia Kirchner espera el pulmotor del Tesoro macrista, mientras pone en marcha su propio plan de ajuste. Para los “republicanos”, los carpetazos contra la camarilla K y la burocracia sindical son sólo un arma de extorsión en aras del ajuste. Del otro lado, los “nacionales y populares” –al igual que los Caló o Moyano- muestran su disposición a pactar.

Una vez más, el episodio de la triple fuga muestra hasta qué punto los aparatos de represión y los partidos de Estado, comprometidos en trasladarle a los trabajadores la factura de la crisis, son parte de un orden conspirativo y corrupto. Reclamamos la apertura de todos los archivos de la ex SIDE y de las fuerzas de `seguridad`, la interpelación a Bullrich y Burzaco en el Congreso Nacional, y de Vidal y Ritondo en la Legislatura, para que den cuentas de las falsas informaciones a la población; redoblemos la movilización contra la represión y la criminalización de la protesta social, y por el desmantelamiento de los aparatos comprometidos con el delito organizado y la represión a los trabajadores.