En abril, el Ministerio de Economía realizó dos licitaciones de deuda que no alcanzaron para cubrir la totalidad de los vencimientos, lo que obliga al Tesoro a pagar la diferencia y a ofrecer mayores tasas y plazos más cortos en los próximos bonos. Se evidencia cómo el endeudamiento sistemático que promueve el FMI pone constantemente la política económica local a merced del capital financiero.

Recordemos que las prescripciones del FMI obligan al gobierno a obtener financiamiento en el mercado por el 2% del PBI en función de suplir el déficit fiscal tomando deuda y recurriendo lo menos posible a la emisión monetaria, la cual no deberá superar el 1% del PBI en 2022. Este esquema plantea la necesidad de otorgar todo el tiempo nuevas y mayores concesiones a los bancos y a los fondos de inversión para tentarlos a que compren títulos del Tesoro, acrecentando el carácter explosivo de dicho endeudamiento. Pero además opera como un condicionamiento político directo de la banca, que puede soltarle la mano al gobierno en cualquier momento si este se aparta del libreto de ajuste.

Sin ir más lejos, la colocación de deuda de abril no reportó los resultados esperados debido a que la oferta de bonos CER -los más requeridos en un contexto inflacionario- fue más acotada en pos de reducir el peso de la deuda atada a la inflación, y, a su vez, se emitieron instrumentos con plazos de vencimiento más largos; lo cual no satisfizo los apetitos de los acreedores, quienes además presionan por una nueva suba de tasas. Como vemos, las extorsiones por parte del “mercado” no tendrán límites y la capitulación del gobierno ante ellas tampoco, ya que este último depende del endeudamiento en pesos para cumplir con las exigencias del FMI.

Mientras tanto, el stock de deuda nominada en pesos no para de crecer: a fines de marzo alcanzaba los USD 116.183 millones, del cual un 82% corresponde a bonos indexados a la inflación que no podrán ser licuados mediante una devaluación. Si se agravan las dificultades para refinanciar ese pasivo, el Tesoro apelará directamente a un recorte del gasto público para afrontar los vencimientos. Lo anterior desmiente el relato oficial sobre la supuesta inocuidad de endeudarse en moneda local.

Por otra parte, el incremento de la presión devaluatoria pone contra las cuerdas todo este andamiaje. Los dólares financieros experimentaron una suba en los últimos días, que el Banco Central logró aplacar momentáneamente saliendo a vender divisas. Algo insostenible en el tiempo en un cuadro donde decrecen las reservas, fruto del acentuado peso de las importaciones sobre la balanza comercial -por el encarecimiento de los insumos a nivel mundial- y la fuga de capitales contante bajo todas su formas. A tal punto que “a diferencia del año pasado cuando el BCRA logró capitalizar el flujo los precios récord de los granos, con una acumulación superior a los USD 3.000 millones, ahora, transcurrido el primer cuatrimestre, no logró retener ni el 10% de esa cifra ya que apenas reunió unos USD 200 millones” (Infobae, 29/4). 

Ocurre que si bien hasta el momento continúa siendo negocio especular con instrumentos financieros en pesos, dado que el tipo de cambio oficial evoluciona a un ritmo menor que la inflación; en caso de devaluar dejaría de ser redituable y los capitales que hoy están en títulos del Tesoro migrarían al dólar precipitando una corrida cambiaria y un proceso hiperinflacionario, echando por tierra todo el programa económico pactado con el FMI.

A todas luces, las premisas del acuerdo con el Fondo Monetario convierten a Argentina en rehén del capital financiero, agudizan la usura sobre la economía del país, y, de conjunto, configuran una verdadera bomba de tiempo. En contraposición, planteamos el repudio de la deuda usuraria, la ruptura con el FMI y la nacionalización bajo control obrero de la banca y el comercio exterior como única vía para recapitalizar el Banco Central y emprender un rumbo de desarrollo al servicio de las mayorías.