La medición de un 59% de pobreza en la niñez y la adolescencia en Argentina, informada recientemente por un estudio de la UCA, se complementa con una serie de datos que agravan aún más el cuadro social explosivo.

 

En primer lugar, debe señalarse que el número corresponde a la pobreza “multidimensional" en áreas urbanas, que da cuenta de un acceso insuficiente a la satisfacción de necesidades básicas “como alimentación, vivienda, asistencia médica, saneamiento o educación” (Clarín, 10/7). Este análisis pEl fracaso de un régimen y de sus gobiernos [Escribe Gabriel Solano].ermite dar cuenta de niveles de pobreza estructural, sostenidos en el tiempo y no simplemente de carencias de coyuntura –es decir que comprometen a los sucesivos gobiernos de turno y desnudan la naturaleza de un régimen.

 

La partición en diversas variables permite, a su turno, observar los pormenores de este cuadro alarmante. Es el caso de las privaciones habitacionales, que afectan al 25,2% de los menores de 17, exhibiendo las consecuencias infames de las políticas favorables a los especuladores inmobiliarios (negociados, cesiones de terrenos públicos), que tienden a expulsar a las familias trabajadoras por la vía de los incrementos de viviendas y alquileres y las condenan a domicilios precarios.

 

A su turno, la progresiva destrucción de la salud pública –que al igual que el vaciamiento educativo alimenta los negocios de los privados– ha colocado en un déficit de acceso a la salud a un 22,7% de los jóvenes menores.

 

De conjunto, el informe pone de manifiesto que entre 2010 y 2016 “‘no hubo progresos’ en el espacio de la vivienda, la salud de calidad y las carencias más graves en el acceso a los alimentos” (La Nación, 10/7).

 

Como revelan los autores del informe, las políticas asistenciales -que han crecido durante el macrismo y el kirchnerismo y que impulsa la Iglesia- no han evitado “una ‘situación regresiva’ en los sectores de la población más vulnerables: aquellos que tienen empleos informales o de escasa calificación”, así como “un aumento en la desigualdad social”, con “un incremento de la brecha regresiva para los niños y niñas en el espacio informal de villas y asentamientos urbanos respecto de los espacios urbanos formales de nivel medio-alto” (ídem).

 

El propósito de estos planes de contención de la pobreza, en verdad, es fundamentalmente político: evitar explosiones sociales y la organización independiente de los explotados.

 

Amén de variaciones menores, las sucesivas crisis capitalistas –que, con el favor de los gobiernos, sus autores empresariales descargaron sobre los hombros de las familias trabajadoras– han ido consolidando la pobreza estructural de la niñez en el orden del 60%.

 

Frente a un nuevo capítulo de esta bancarrota, y cuando prometen profundizar el ajuste en curso para las inmediaciones postelectorales, la necesidad de una alternativa política de los trabajadores se plantea con más vigencia que nunca.