Los “cortes programados” -y los no programados- son la faceta más visible de la crisis energética, y la que más ha golpeado a la población. Estos cortes masivos llevaron a piquetes y protestas en varios barrios porteños y del conurbano, y a reproches de funcionarios del gobierno a las distribuidoras como Edesur y Edenor.

Es sin embargo el mismo gobierno, el que mantiene este esquema de negocios completamente parasitario. Actualmente, a traves de subsidios directos a las empresas distribuidoras, el poder ejecutivo, por medio de una resolución de la secretaria de energía, le pagará a las distribuidoras un valor superior al que las empresas le cobran a los usuarios (Clarín, 18/3). Esto equivale a un rescate económico a las empresas privadas de distribución de energía, tales como Edesur o Edenor. Esto explica, que a pesar del servicio prestado, estas compañías protagonicen destacadas subas en Wall Street (El Cronista, 16/7) además de la expectativa por los aumentos de tarifas.

A pocos meses del final del mandato de Cristina Kirchner, las distribuidoras eléctricas se ilusionan con la llegada tanto de Macri como Scioli, quienes vendrían a liberar las tarifas, congeladas en mayor o menor medida desde 2003 y mantenidas por los subsidios. Esto es lo que sucede en Capital y el Gran Buenos Aires, mientras que en varias provincias ya se aplicaron aumentos a las tarifas (durante este año no congelaron tarifas Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Chubut y Rio Negro). “Hay expectativas de un cambio porque para poder invertir se necesita ganar plata. Una corrección del cuadro tarifario para las empresas sería un alivio”, dijo una fuente del sector que pidió no ser identificada (El Cronista, 13/8). Desde el Estudio de Miguel Bein, asesor en materia económica de Scioli, se sinceran con respecto al tema: “el retraso de la tarifa eléctrica se ubica en torno a seis veces (considerando sólo el costo de generación, sin transporte), y la de gas, a pesar de haberse triplicado en 2014, apenas alcanza el 40% de su costo (nuevamente, sólo generación)” (Los Andes, 5/7). Mientras tanto, la mayoría de los economistas de los candidatos centrales señalan la necesidad de un aumento entre 400 y 800% para quitar los subsidios y colocarla como una empresa rentable en el marco capitalista.

La entrega de la soberanía energética

El saldo de la década kirchnerista en materia energética es profundamente negativo. El gobierno no ha nacionalizado la industria energética, y el resultado ha sido el vaciamiento. El rescate de las privatizadas -que se encargaron a su vez de hacer los despidos correspondientes, vaciando las cuadrillas por ejemplo- trae hoy un déficit en el comercio exterior y nos convierte en importadores de energía de los grandes capitales. La tarea más próxima del movimiento obrero será luchar contra los tarifazos que pretenden imponer los candidatos del ajuste. Ante la exigencia de las distribuidoras de aumentar las tarifas se deben abrir los libros contables de estas empresas parasitarias para garantizar el control de precios. El Frente de Izquierda y el Partido Obrero intervendrán demostrando la importancia fundamental de una nacionalización integral de la Industria energética en su conjunto, y por ende la reorganización del modelo económico del país, bajo control de sus trabajadores.