La unificación de las elecciones porteñas con la de las comunas -que la Legislatura votó por unanimidad- no es un dato menor. De este modo, la posibilidad de una deliberación política acerca de la organización urbana y social de los barrios (lo que exigía una elección separada) quedó relegada. Los Macri, pero también sus antecesores "progresistas", sólo conciben a las comunas como la mera extensión a los barrios del régimen de funcionarios y punteros.

Por este mismo motivo, tardaron más de quince años en convocar a elecciones comunales. Bajo el peso de las sucesivas crisis políticas, los que gobernaron la Ciudad nunca se sintieron seguros de conquistar el control de las juntas comunales. Esa desconfianza se agravó con la irrupción de las asambleas populares, que plantearon una deliberación barrial impulsada desde abajo. En 2004, la masacre de Cromañón dejó herido de muerte al armado de los punteros ibarristas. Ahora, Macri convocó a elecciones intimado por un fallo del tribunal superior.

La transición hacia las comunas estuvo surcada por convulsiones. Los pre-"consejos consultivos", que se pusieron en marcha hace dos años, fueron el escenario de un choque de intereses sociales. Por un lado, los punteros y agentes de los intereses inmobiliarios comenzaron a hacer valer sus intereses. Desde la Comuna 13 (Palermo) llegaron a elevarle a la Legislatura una rezonificación del Código urbano del barrio, para permitir edificios de altura en la zona. En oposición a estos lobbystas, muchos pre-consejos se poblaron de activistas barriales y ex integrantes de las asambleas populares, lo que los convirtió en cajas de resonancia de reclamos contra las megatorres o las inundaciones. La Legislatura, prestamente, se apuró a sancionar un "estatuto" de los pre-consejos dirigido a regimentar su funcionamiento. El abanico político que votó ese reglamento abarcó desde Macri hasta Proyecto Sur -algo que no debería sorprender, ya que en sus filas abundan los que "gestionaron" con Ibarra.

La descentralización y su orientación social

Una parte importante de los impulsores de las comunas mira con desconfianza el próximo proceso de elección de juntas comunales. Las reservas son fundadas al ver que se disputan la elección los punteros tradicionales de cada barrio, reconvertidos ahora a "comuneros". Los partidos del régimen sólo admiten una descentralización que sea correa de transmisión de los mismos intereses que gobiernan al Estado central, o sea: los del capital inmobiliario y la ´patria contratista´. Aunque la ley sólo otorga a las comunas las facultades de intervenir en algunas cuestiones del espacio público, sí las habilita a firmar "convenios de gestión" dirigidos a transferir otras funciones, como los casos en materia de salud o educación. El kirchnerista Filmus, por ejemplo, ha pregonado "la transferencia de funciones educativas a las comunas", lo que en el tiempo podría empujar al financiamiento mixto (estatal-privado) de las escuelas y a la injerencia del clero y de la reacción en los contenidos pedagógicos. En cambio, la legislación comunal no le da lugar alguno a los que trabajan en esos hospitales o escuelas, ni a sus organizaciones gremiales de base.

Una lucha política en los barrios

No sorprende, a la luz de lo anterior, que los intereses de las inmobiliarias zonales o de la privatización sanitaria, educativa o cultural, estén actuando junto a los punteros en el copamiento de las listas comunales. Pero también se ha instalado una deliberación entre los luchadores barriales. Un sector recela de la intervención electoral y espera enfrentar a las futuras juntas comunales desde los consejos consultivos. Pero en esos consejos vamos a enfrentar a las mismas manipulaciones políticas que en la elección comunal, sin haber avanzado en el desarrollo de un programa y de una oposición política a las "comunas de punteros". Pero las elecciones pueden ser una oportunidad para plantear esa delimitación contra los intereses que han depredado a la Ciudad. Reciclados bajo las nuevas siglas, los agentes de Grosso, Domínguez o Ibarra reaparecen ahora bajo las siglas de Macri, el kirchnerismo o Proyecto Sur. En oposición a ello, proponemos constituir listas comunales de lucha contra los intereses inmobiliarios y los privatizadores, con un programa de intervención en las propias comunas. Por juntas comunales responsables ante asambleas barriales, por la existencia del derecho de revocatoria sobre los integrantes de las juntas. Por la integración, con voz y voto, de representantes electos de los trabajadores a los consejos consultivos. Por el derecho al control, por parte de estos representantes, de los lugares y condiciones de trabajo en el ámbito de la Comuna. Por el derecho a veto de los consejos comunales sobre la obra pública, los proyectos de alto impacto inmobiliario, el transporte y la seguridad. Invitamos a los asambleístas y militantes de los pre-consejos comunales, a los luchadores por el techo y ambientalistas urbanos a debatir la constitución de listas contra los partidos del capital inmobiliario, la privatización de los servicios y la tercerización laboral. Las elecciones de comunas pueden dar lugar a una campaña distrital de gran profundidad y de lucha por una representación política para batallar, en las juntas y en la Legislatura, contra la entrega de la Ciudad al capital financiero y sus agentes políticos.