Los tres millones de jubilados —el 60% de los cuales apenas percibe el haber mínimo— saltaron de indignación al enterarse que el ministro Sourrouille cobraba una jubilación “extraordinaria” de ₳ 15.817,20 (equivalente a 11 jubilaciones mínimas).

Al día siguiente, el Secretario de Seguridad Social, Roberto Bigatti, confirmaba que en la misma situación de Sourrouille revistaban más de 300.000 ex funcionarios estatales, entre ellos Cafiero, Brodershon, Alsogaray y Roberto Alemann.

“Las jubilaciones especiales están previstas por varias leyes en vigencia y comprenden al personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, magistrados, legisladores, ministros, secretarlos y subsecretarios de Estado” (Clarín, 12/ 10). Votadas en 1975, como se encargó de recordar Jaroslavsky, no fueron derogadas ni por la dictadura ni por la democracia. “El Congreso, en los cinco años que lleva de actividad, no hizo nada por modificarlas” (Clarín, id.).

Bigatti dió nombres, pero no cifras. Sin embargo, una estimación conservadora de los gastos que ocasionan estas jubilaciones oscila en los 2.000 millones de dólares anuales, mientras —según datos oficiales— las erogaciones del sistema provisional, que cubre a tres millones de jubilados, alcanzan los 3.500 millones anuales. La eliminación de las jubilaciones de privilegio permitiría, de un día para otro y sin tocar un sólo peso del déficit estatal, aumentaren un 60% las jubilaciones de los trabajadores.

Las jubilaciones de los funcionarios son una radiografía del carácter de clase del Estado y de la propia sociedad que le da vida. Para los representantes políticos de la burguesía —y para los propios burgueses de carne y hueso, como De La Fuente— que perciben los beneficios, no rigen las mismas reglas que para el resto del "pueblo”. Para ellas no hay “congelamiento", ni hubo “emergencia previsional”. La “igualdad" burguesa es sólo para los burgueses.

Un 9% del total de los jubilados —los “privilegiados”—perciben el36%del total de los pagos provisionales (2 mil millones de dólares sobre 5,5). Los funcionarios se han limitado a reproducir, en la esfera provisional, la distribución del ingreso que rige para todos los trabajadores. Los asalariados percibimos sólo el 25% del ingreso nacional, el resto va a los bolsillos de los oligarcas, banqueros y especuladores foráneos y nacionales.

Hay un aspecto más que salta a la vista. Como las jubilaciones de privilegio son equivalentes al 80/85% de la remuneración actual de los funcionarios, esto quiere decir que sus sueldos superan los 20.000 mensuales (15 veces el salario mínimo). Esta es la gente que se llena la boca hablando de la “rebaja del gasto público” para bajar salarios estatales, despedir trabajadores y votar “impuestazos".

El “gobierno barato” solo podrá hacerlo realidad la clase obrera y la población explotada. Que los sueldos de los funcionarios estatales no superen el salario medio de un trabajador es una característica de la dictadura del proletariado.