El reciente Informe sobre Bancos publicado por el Banco Central revela un indicador de la crisis en curso: la duplicación de la tasa de irregularidad (créditos impagos) en el sistema bancario local, que se destaca aún más en un cuadro de fuerte contracción del crédito.

La morosidad del sector privado se duplicó, pasando de 1,9% en febrero de 2018 a 3,8% en el mismo mes de este año; entre la población trabajadora, la morosidad de las familias es superior y alcanza el 4,4%. Un economista advierte que “si uno sigue la evolución de la irregularidad por el Informe sobre Entidades Financieras, que ofrece información más detallada, nota que alcanza el mayor nivel desde 2007. De ahí surge, por caso, que ya 11% de los deudores incurren en mora y que esa cifra está en franco crecimiento. Y si pone la lupa en el segmento consumo y vivienda, que son gastos típicos de familias, se observa que unos 650.000 deudores cayeron en atrasos, con lo que ya son 37% más en cantidad que hace un año" (La Nación, 22/4).

Con la inflación superando los reajustes salariales bajo la losa de la burocracia sindical, las familias pierden sistemáticamente capacidad adquisitiva, viéndose forzadas a solventar sus necesidades con préstamos a tasas usurarias (no solo con tarjetas de crédito, sino incluso tomando deuda para hacer frente a los tarifazos), lo que lleva a su vez a nuevos endeudamientos. La morosidad aparece cuando ya las deudas se hacen imposibles de pagar, por lo que el aumento de la irregularidad es un anuncio claro de una crisis social potencialmente explosiva.

Por otra parte, el Informe sobre Bancos recoge un bajo nivel de irregularidad en lo referente a los créditos hipotecarios, de 0,25% para el segmento UVA y 0,6% para los restantes. Sobre este dato vienen machacando los economistas oficialistas, ocultando que el motivo por el que hay baja morosidad en estos casos es que muchísimas familias simplemente no pueden dejar de pagar, ya que las cuotas se les descuentan compulsivamente de sus sueldos bancarizados.

El gobierno viene de tirar más leña al fuego con las medidas anunciadas días atrás, supuestamente para paliar la crisis. Así, relanzó el plan de créditos Argenta para jubilados, quienes en muchos casos –como reconocieron los funcionarios– tomarán los nuevos préstamos para saldar deudas preexistentes; el Argenta tiene una tasa de interés del 40%, posiblemente superior a los aumentos que reciban las jubilaciones, con lo que al fin del ciclo tendríamos una masa de jubilados más endeudada que nunca.

En la base de este desbarajuste se encuentra la tasa exorbitante de interés dispuesta por el gobierno –que actualmente araña el 70%. Merced a ello, los bancos y financieras han hecho negocios fabulosos: el Informe sobre Bancos reporta un crecimiento interanual en febrero del 38,7% en su patrimonio neto, con ganancias nominales en ese período del 4,3% del activo. El gobierno sigue alimentando a las entidades usureras con más medidas de emergencia, como la reciente habilitación para extender su cartera en Leliqs –que a su turno alimenta la perspectiva de una corrida.

Es necesario un programa de defensa de las familias trabajadoras. Que se garantice un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, así como aumentos salariales que recuperen la capacidad adquisitiva perdida y contemplen la inflación futura. Que las tasas de interés para familias adeudadas no superen en ningún caso los reajustes salariales, y se reduzcan las cuotas a un porcentaje menor del salario, así como el total adeudado, a expensas de los bancos que han hecho fortunas. Nacionalización sin compensación de la banca y el comercio exterior, bajo control de los trabajadores.

Por una reorganización social liderada por los explotados, para que la crisis la paguen los capitalistas.