El pasado sábado 1 de julio, los militantes del Partido Obrero de Las Flores (ciudad del interior bonaerense de unos 21.500 habitantes) resistimos un intento de desalojo del espacio público por parte de la policía bonaerense, mandatada por el intendente del PRO, Ramón Canosa. El argumento usado para este atropello era que habíamos violado una ordenanza de 2011 que obliga a pedir permiso a las autoridades para colgar pasacalles y pegatinar carteles. El sub-comisario local utilizó el falso argumento de que había un pasacalles y no habíamos pedido autorización, además de señalar que actuó por una denuncia.

 

El Partido Obrero (Frente de Izquierda) estaba con su habitual mesita, materiales de propaganda y un banner, no teníamos pasacalle y no habíamos pegatinado nada, razón por la cual no pedimos autorización alguna. Ejercitamos el más elemental derecho a publicitar nuestras propuestas y mostrar nuestros candidatos. Por supuesto que rechazamos la ordenanza en cuestión porque se intenta criminalizar la actividad política. Canosa intenta cerrar nuestra boca como oposición local, dado que somos consecuentes en denunciar el ajuste y la represión.

 

La supuesta denuncia esgrimida por el  sub-comisario de Las Flores bien podría haber partido de funcionarios del gobierno municipal o de un alerta proveniente del monitoreo de las cámaras de seguridad; lo que sí es seguro es que contó con aval político. El gobierno de Canosa debería mandar la policía a detener a Guillermo Gotelli, que vació la empresa GGM sin declarar quiebra alguna y dejando en la calle y con sueldos adeudados a los 300 obreros de la fábrica que produce las zapatillas Asics, Pony y Signia.

 

Denunciamos la persecución política sufrida el sábado y exigimos al Concejo Deliberante de Las Flores su repudio, además de que se derogue la ordenanza empleada en nuestra contra y se garantice la libertad del uso de espacios públicos para actividades políticas. Desde ya agradecemos los centenares de mensajes y llamadas de solidaridad.

 

El PO-FIT de ninguna manera pedirá autorización al poder estatal para ejercer el derecho democrático a expresar sus ideas y actuar políticamente. En nuestra campaña electoral haremos eje en la crisis laboral que existe en la ciudad, poniéndonos a disposición de la lucha de los trabajadores de GGM en busca de la satisfacción de sus demandas: pago de sueldos adeudados y continuidad laboral bajo condiciones de convenio.