Seguramente, en la lujosa cena con Lagarde no habrá estado ausente la reforma de las Fuerzas Armadas anunciada por Macri. Tampoco en los contactos íntimos del G20, cuando la aplicación de los planes del FMI están produciendo rebeliones populares –y sangrientas represiones- en Nicaragua, Haití y Panamá. Los anuncios son un claro complemento  en materia de reforzamiento represivo del Estado, de la enorme ofensiva contra los trabajadores pactada en el memorándum del crédito del FMI.

El combate al narcotráfrico invocado para la reforma que verá la luz mediante un decreto, es la excusa clásica del Pentágono norteamericano para justificar el emplazamiento de bases militares por toda América Latina. Ya conocemos sus resultados en México, país largamente militarizado, donde el narcoestado ha avanzado de la mano de la participación de las Fuerzas Armadas en cuestiones internas hace décadas. Al mismo tiempo, hemos conocido las masacres de las rebeliones y movimientos populares como la de los estudiantes de Ayotzinapa o el ahogo en represión de la rebelión de Oaxaca a partir de la huelga general de los maestros de esa provincia en 2006, entre tantas.

El decreto que conoceremos por el Boletín Oficial, modificará la ley de Seguridad Interior que prohíbe la participación de las FFAA en cuestiones internas, lo que es una alteración del régimen político por vía de un decreto. Se valen de un difuso concepto de "agresión de origen externo" que contempla el accionar “contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de nuestro país”.

La maniobra de gran alcance consiste en enviar miles de efectivos del Ejército y la Armada a las fronteras a cumplir las funciones de la Gendarmería, cuyas fuerzas serán volcadas al control social interno, es decir a la represión al movimiento popular como ya las vemos actuar hace tiempo, incluso mucho antes de la gestión Macri, con Berni y con Milani como Comandante en Jefe.

La continuidad entre este gobierno y el anterior está dictada por la adscripción a la política “antiterrorista” que dio origen a la nefasta “ley antiterrorista”, que ciertos “republicanos” macristas cuestionaron en tiempos del kirchnerismo pero de la que jamás volvieron a hablar y está vivita y coleando más que nunca con estos anuncios.



 

El anuncio es una continuidad del Decreto 721 del año 2016, conocido como de “autonomía de las FFAA” que Macri dictó en 2016.  Por esa vía se dio autonomía en la designación de mandos y traslados y se dio vía libre a la participación de militares retirados acusados de crímenes de lesa humanidad en la formación de los nuevos cuadros. Toda una concesión estratégica de “reconciliación” que tuvo luego expresión en el “2 x 1” a los genocidas, abortado por la movilización popular que impidió lo que sería un virtual amnistía. El decreto 721 fue denunciado por Prensa Obrera como una medida de “excepción” que refleja una tendencia profunda del Estado y de las democracias capitalistas para descargar la crisis capitalista sobre las masas trabajadoras. En el acto presentamos un proyecto de ley por su derogación que hoy recobra vigencia y debe ser unido a la acción parlamentaria contra el nuevo decreto por venir, por parte de las bancadas obreras y socialistas en el Congreso.

Estamos ante un salto cualitativo en la política represiva de Bullrich  que ya cobró la vida de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, justamente por parte de la Gendarmería que será volcada por miles al control interno. Por otra parte, Clarín.com (23/7) informa que “se impulsará, entre otros cambios, una ‘reestructuración operativa’ de la Policía Federal, la Gendarmería, la Policía de Seguridad Aeronáutica y la Prefectura para sacar más efectivos de las oficinas y ponerlos en las calles de la Capital, el Gran Buenos Aires y otros populosos centros urbanos del país”.

No se trata solo de una cuestión de DDHH, que sin dudas lo es, sino de la preparación de un régimen para descargar su fracaso sobre la mayoría trabajadora nacional, que de eso se trata la letra grande y la letra chica del pacto con el FMI. Es un aspecto de la garantía de su aplicación y por lo tanto la anulación de todas estas medidas merece ser incorporada a una campaña política de las organizaciones obreras y populares. La CGT en lugar de pedir reuniones con el FMI y atención a las “consecuencias sociales del ajuste”, debería llamar a un congreso de todos los sindicatos argentinos con mandato de sus bases, para enfrentarlos con la huelga general y la movilización popular. Así derrotamos el estado de sitio de De la Rúa, así derrotamos el plan represivo de Duhalde en 2002, así derrotamos el 2 x1 de Macri.