El temporal del fin de semana largo dejó a miles de bonaerenses afectados por inundaciones. Solo en La Matanza se registraron más de 5.000 evacuados y otros 15.000 damnificados, mientras a su vez hubo otros cientos evacuados en Lomas de Zamora, Ezeiza, Esteban Echeverría, Quilmes, y otros distritos principalmente de la Zona Sur del Conurbano. Las localidades más afectadas son González Catán, Virrey del Pino y Laferrere, que se han convertido en una enorme zona inundable que sufre con la crecida de los arroyos y del nivel del río cada vez que llueve.

La situación es tan alarmante como recurrente. El barrio La Palangana debe su nombre a esta realidad. En noviembre del año pasado, más de 1.500 vecinos se movilizaron tras los desastres que ocasionó una inundación en una veintena de barrios matanceros, incluyendo el fallecimiento de una bebé en el barrio Los Álamos. Pero ninguno de sus reclamos fue escuchado, en aras de preservar la hoja de ruta del ajuste, consensuado por los municipios y la provincia en diciembre de 2017 -replicando el Pacto Fiscal de Macri con los gobernadores.  

Se tiran la pelota entre ajustadores

El drama de las inundaciones que azota a toda la Provincia de Buenos Aires es una demostración lapidaria de la cínica mentira de la gobernadora María Eugenia Vidal, quien afirma que la impagable deuda externa que carga el estado provincial “se ve reflejada en obras”. De los negociados financieros a los bonaerenses no les queda más que una enorme hipoteca.

Las obras iniciadas fueron paralizadas para cumplir con el incumplible acuerdo con el FMI. Ya con el país en quiebra, Macri firmó un decreto el 30 se septiembre para disponer de las cajas de los organismos descentralizados para cubrir el déficit fiscal, entre ellos el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica. Ese fondo, creado en 2006 en base a grabar las ventas de naftas y GNC, fue subejecutado religiosamente para utilizarlo como caja auxiliar del gobierno de turno.

Igual de desfachatadas fueron las declaraciones de la intendenta Verónica Magario, acusando al gobierno de Vidal como único responsable de las consecuencias del temporal. Es un fraude, siendo que el PJ gobierna hace tres décadas el municipio, y que el padecimiento de la población de las barriadas se remonta a los gobiernos de Scioli y los peronistas que lo precedieron. La Municipalidad hace gala de haber logrado un superávit de 2.300 millones de pesos en 2018, y de tener 11.000 millones a plazo fijo en el Banco Provincia. El balance superavitario lo pagan los matanceros, entre otras cuestiones, con la perpetuación de las inundaciones, la ausencia de urbanización, de obras pública y de planes de vivienda.

Los intereses capitalistas

Las responsabilidades de los tres niveles del Estado muestra que detrás del abandono de las barriadas obreras hay poderosos intereses sociales. Es que, además del ajuste, el drama de las inundaciones refleja el régimen de entrega del suelo urbano a la especulación inmobiliaria, lo que expulsa a los trabajadores hacia asentamientos precarios y zonas inundables, sin ningún tipo de planificación ni de obras de infraestructura. 

En el mismo sentido, las crecidas en la Zona Sur son también un impacto del taponamiento de las desembocaduras en el Río de La Plata por la construcción de mega emprendimientos comerciales e inmobiliarios, como sucede en Quilmes, Avellaneda y Berazategui. Lo mismo sucede en otras cuencas como la del Río Luján. La Ley de Bosques del sciolismo, diseñada para estimular esos proyectos a costa de bosques nativos y humedales, fue aprobada en 2016 bajo el impulso de Vidal y el lobby de los intendentes peronistas. 

A más de una década del fallo de la Corte Suprema, nada se ha avanzado en el saneamiento de la Cuenca Matanza – Riachuelo, porque ello debería afectar a grandes fábricas y petroquímicas.

Si tomamos al conjunto de la provincia, se suma el agravante fundamental de la sojización y los agronegocios con agrotóxicos y siembra directa, con sus consecuencias en la impermeabilización del suelo, además de los canales clandestinos que saturan los cursos de agua y generan periódicos desbordes. Los compromisos de Kicillof de implantar nuevos estímulos a las patronales del campo anticipan que este problema tenderá a agudizarse.

Con los inundados contra los inundadores

Son esos intereses capitalistas los que explican el agravamiento de las inundaciones, junto a la desidia de los ajustadores. Contra ellos, el Partido Obrero ha estado presente siempre impulsando la organización de las barriadas y de los vecinos. El Polo Obrero y los sindicatos combativos como Suteba Matanza se han destacado en la primera línea, movilizando al poder político y organizando la solidaridad con los damnificados.

El mismo papel jugó la banca del Frente de Izquierda en la Legislatura bonaerense, estrechamente ligada a las asambleas y movimientos de lucha de los inundados, enfrentando tanto al gobierno de Scioli como el de Vidal. 

La presentación de proyectos de ley que reunían los reclamos, como el establecimiento un resarcimiento económico a los inundados o la formación de comisiones de trabajadores y vecinos que controlen todo el proceso de proyección, licitación y ejecución de obras, permitieron reunir más de un centenar de activistas de una docena de distritos en una audiencia pública organizada por el FIT. Contribuimos a la lucha contra la Ley de Bosques, que frenó su sanción durante un año. Numerosos pedidos de informes e interpelaciones fueron también una herramienta de denuncia a los gobiernos inundadores.

Enfrentamos a su vez los entramados de impunidad con los que la Justicia encubre a los responsables políticos, cuya mayor expresión fue el irrisorio juicio por la trágica inundación de La Plata, que duró un día y solo para condenar con una multita a un funcionario de tercera línea. Por el caso, la banca del FIT presentó un pedido de enjuiciamiento al fiscal Paolini.

La lucha para terminar con las inundaciones es, también, una pelea para que la crisis la paguen los capitalistas. Por eso, solo el Frente de Izquierda – Unidad encarna esa lucha.