El reclamo del FMI de liquidar el sistema jubilatorio para convertirlo en una mísera prestación básica a la vejez avanza rápidamente en su cumplimiento, en un tema central como es el de aplastar a montos mínimos los haberes previsionales -aún sin la previa aprobación de una nueva reforma previsional, tal como pretende el organismo y el conjunto de la burguesía.

Es que frente al golpe demoledor que supone el aumento del 30% en los precios de una gran cantidad de productos de la canasta alimentaria que se produjo en la última semana, el gobierno decidió no otorgarle a los jubilados aumento alguno en los haberes y ni siquiera el miserable bono de $5.000 que les pagó -por única vez- a los empleados estatales.

Esto, sumado a la pérdida de 20 puntos que sufrieron los haberes previsionales en el curso de los últimos doce meses, da como resultado que los ingresos del casi 60% de los jubilados que cobran la mínima ($11.500) cubran hoy menos de la tercera parte de la canasta básica sectorial, que ya superaría los 35.000 pesos. Es decir que, en esta enorme franja de jubilados, el haber ha desaparecido en su carácter de ingreso necesario para cubrir las necesidades vitales del beneficiario del haber previsional y se ha transformado en una mínima prestación básica, a tal punto que está muy por debajo del límite de pobreza, incluso si se suman los dos haberes de una pareja de jubilados que cobren la mínima.

En esto se asienta el titular del Anses, Emilio Basavilbaso, cuando destaca los “importantes avances” que se han dado en el terreno  de la “sustentabilidad” del sistema, que se ha realizado “con aproximaciones sucesivas” (La Nación, 24/7).

Esto no quiere decir que el FMI vaya a desactivar su presión para que se apruebe una reforma que vaya más a fondo. Entre los reclamos pendientes está el aumento obligatorio de la edad mínima para jubilarse (a 65 años las mujeres y a 70 los hombres) que hoy es optativa, aunque la presión que ejerce la miseria de los haberes jubilatorios ya impulsa a muchos trabajadores a seguir en sus puestos de trabajo “voluntariamente”.

También forma parte del plan que quiere imponer el FMI el cambio de cálculo para fijar la jubilación inicial, de tal forma que la misma disminuya en un 20 por ciento y, además, que el índice de actualización de los haberes esté aún más alejado que el actual respecto del aumento de los precios, de tal manera de licuar los ingresos de todos los jubilados.

Y, además, pretende liquidar todos los regímenes especiales, como el de los docentes y petroleros, por ejemplo, con la cínica excusa expresada por Basavilvaso de “que todos los argentinos tengamos el mismo sistema jubilatorio. Dejar un sistema parejo para todos, es uno de los objetivos que tenemos” (El Cronista, 10/6).

Aunque la demagogia preelectoral ha hecho decir a Alberto Fernández que quiere mejorar los haberes jubilatorios, uno de sus principales asesores económicos, Guillermo Nielsen, sostuvo que el plan de refinanciación que le plantean al FMI “va a poner en el centro de la escena a la reforma previsional, que es el principal rubro de gasto público y con la indexación más agresiva. Es un problemón y la Argentina tiene que resolverlo” (Perfil, 26/6).

Esto tiene antecedentes. En plena bonanza de los gobiernos K, Cristina Kirchner vetó el 82% móvil, mantuvo la rebaja de los aportes patronales dispuesto años antes por Domingo Cavallo cuando era ministro de Economía y mantuvo a una tercera parte de los trabajadores revistando en negro, permitiendo así sumar ganancias dulces a los patrones, que se desfinancien las cajas jubilatorias y que una enorme cantidad de trabajadores no contara con los aportes necesarios como para jubilarse.

El propio Alberto Fernández nada ha dicho de la masacre social sobre este sector vulnerable de los trabajadores jubilados que supone el aumento del 30% en los precios de los productos de consumo popular. Se ha limitado a prometer una mejora en las jubilaciones por la vía de cambiar el índice de actualización actual, pero nada dijo de compensar el derrumbe de los haberes que se produjo en el último año.

Además, tal como adelantó, pretende que los primeros seis meses de su gobierno se congelen los aumentos de salarios. En este cuadro y con las presiones que manifiesta Nielsen, en los planes del futuro gobierno de F-F seguramente no va a estar contemplada una mejora en los haberes que compense lo perdido y, mucho menos, el otorgar mejoras que permitan a los jubilados cubrir con sus ingresos el costo de la canasta necesaria para la subsistencia.

Los jubilados y los trabajadores -futuros jubilados- tienen por delante una lucha común por la defensa de las conquistas previsionales alcanzadas y la pelea por los reclamos históricos: 82% móvil, jubilación mínima igual a la canasta del jubilado, no al aumento de la edad jubilatoria, defensa de los regímenes especiales alcanzados como resultado de grandes luchas de los trabajadores.