La campaña por poner un límite a las expropiaciones que se venían aprobando en las Legislaturas ha surtido efecto. Las autoridades de la Legislatura porteña tienen a la firma un convenio con el Colegio Público de abogados a fin de llevar adelante un proceso de “mediación” entre dos o más partes cuando en un proyecto legislativo se encuentre cuestionado “el derecho de propiedad”. Esta iniciativa es producto de un proyecto de la diputada de derecha Marta Oyhanarte. “Esta nueva iniciativa servirá de alternativa para aquellos casos en los que esté pedida la expropiación de los inmuebles o bienes muebles, aunque sea como un paso previo” (Noticias Urbanas, 6/12).

La mediación, tortuosa y prolongada, le viene como anillo al dedo a los legisladores patronales para sacarse la presión de los trabajadores, mantener en la congeladora los proyectos y patear para adelante cualquier definición. Importa destacar que, en el intervalo que dura la mediación, el proceso judicial de quiebra o el concurso preventivo al que estuviera sometido la empresa no se interrumpe, con lo cual sigue en pie la posibilidad de que se liquide la sociedad comercial y se proceda al remate de sus bienes. En otras palabras, la mediación “frena” las demandas de los trabajadores pero no las de la patronal ni los acreedores.

En la misma sintonía, la Legislatura bonaerense ha introducido modificaciones a las leyes de expropiación totalmente a contramano de las necesidades de los trabajadores. En lugar de la “donación” de los bienes expropiados, tal como lo expresaron las primeras leyes de expropiación, las nuevas leyes plantean su entrega “a título oneroso” y por “venta directa”. Es decir que los trabajadores deben adquirir los activos, o sea rescatar a la patronal. En las primeras leyes de expropiación esto ocurría igual pero luego de dos años de sancionada la ley, en la medida en que el Estado no consumara la expropiación. El nuevo texto institucionaliza este proceso fraudulento, que coloca una valla infranqueable para la recuperación de las fábricas en manos de los trabajadores.

Estos nuevos escollos plantean con más intensidad aún la necesidad de que, coincidente con el nuevo año que se está por iniciar, pasemos a una nueva etapa de lucha. Es necesario un frente común de fábricas ocupadas y en lucha para impulsar, en unidad con el movimiento piquetero y las asambleas, un plan de lucha por la expropiación definitiva e integral de las fábricas, la nacionalización de la banca y el auxilio económico estatal a los emprendimientos de la clase obrera.