Esta mañana, al día siguiente de las elecciones, Julio De Vido solicitó ante la presidencia de la Cámara de Diputados una licencia de su banca legislativa y presentó su renuncia a la presidencia en la Comisión de Energía. 

 

A todas vistas, el objetivo de De Vido es evitar su desafuero en la sesión prevista para este miércoles. La Comisión de Asuntos Constitucionales, que se reunirá el martes, tratará la solicitud del juez Luis Rodríguez, a raíz de la causa que involucra al ex ministro por malversación de fondos destinados a obras en la mina de Rio Turbio. En caso de que la Cámara le otorgue la licencia a De Vido, sus fueros como diputado seguirán vigentes.

 

El oficialismo se vale de la descomposición del kirchnerismo para usufructuar réditos políticos y electorales y hacer más digerible su política de ajuste, pero mantienen su connivencia es de larga data.  

 

Julio De Vido fue nombrado presidente de la Comisión de Energía en abril de 2016 por decisión conjunta de los bloques del macrismo y del kirchnerismo, con el aval explícito del actual ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren. 

 

A unos y otros los unen negociados comunes. Basta recordar que, pocos días después del intento de expulsión de De Vido de la Cámara por “inhabilitación moral” –una maniobra antidemocrática que, de haber prosperado, hubiera sentado un precedente gravísimo contra los legisladores opositores–, el ex ministro coincidió con Aranguren en avalar, en una audiencia en el Senado, la construcción de las represas hidroeléctricas en Santa Cruz, acordadas durante el gobierno de CFK con China y retomadas por Macri, a pesar de las denuncias por sobreprecios y cuestionamientos por su impacto ambiental.

 

A Julio De Vido lo protegieron todos –los políticos patronales, la Justicia, la 'patria contratista'– durante sus doce años como ministro de Planificación. En aquella época, Iecsa –la empresa de Franco Macri, vendida en 2007 a Ángelo Calcaterra, primo del actual presidente– era contratista de Enarsa y ganó licitaciones por casi dos mil millones de dólares. Entre ellas, la del soterramiento del Sarmiento, junto a Odebrecht. En esos años, Sergio Massa compartía gabinete con De Vido. La pitonisa de la transparencia, Elisa Carrió, todavía no ha dicho quiénes son los funcionarios y jueces que protegen a De Vido, como denunció hace pocos meses en los medios.

 

Los diputados del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, Pablo López y Soledad Sosa, intervendrán ante la Comisión de Asuntos Constitucionales, a favor del desafuero de De Vido, en base a estos planteos. Es un voto de una coherencia inapelable. En junio de 2016, el bloque del Partido Obrero ya había presentado, ante un pedido de allanamiento del juez Rodríguez, un proyecto de desafuero que el bloque de Cambiemos rechazó porque se encontraba negociando con el kirchnerismo la modificación de la ley de prohibición de despidos y suspensiones –que finalmente Macri vetó sin que el kirchnerismo impulsará una sola medida para defenderla.

 

Julio De Vido debe ir preso por ser el máximo responsable de los 51 muertos de Once, al estar a cargo del ministerio que manejaba las licitaciones y controles en la obra pública. Responsabilidad que le pesa también en el crimen de Mariano Ferreyra y el sostenimiento de las mafias sindicales y negociados en el ferrocarril que llevaron a su asesinato, meses antes de la masacre de Once. Buscamos su desafuero y su condena, pero también la condena al régimen de la patria contratista.

 

De Vido debe ser desaforado, para que avance el juicio por sus responsabilidades políticas, impulsado por familiares y organizaciones políticas y sociales desde febrero de 2011. 

 

Buscamos su desafuero y su condena, pero también la condena al régimen de la patria contratista. Es el planteo que levantamos desde el FIT.