La descontrolada situación sanitaria de las últimas semanas obligó al presidente a hablar en conferencia este miércoles por la noche y a los gobernadores de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires, Larreta y Kicillof, hoy por la mañana. En la conferencia, Alberto Fernández anunció la puesta en marcha de restricciones que no modificarán en gran medida la envergadura de la situación epidemiológica.

No limitarán las actividades no esenciales ni aumentarán la frecuencia de los transportes públicos para quienes deban asistir a sus puestos laborales o llevar a sus hijes a la escuela; tampoco suspenderán las clases presenciales. Quieren imponer el discurso de que los contagios se dan en las reuniones sociales; por eso, la única medida de restricción de la circulación tiene que ver con la nocturnidad, que queda reducida de 23 a 6 de la mañana.

También decidieron cerrar el transporte público para quienes no sean esenciales. Pero hoy en día tanto las actividades permitidas como las que tienen que ver con el transporte de la comunidad educativa (docentes, niñes, padres) son consideradas “esenciales”, por lo que la restricción no es más que una fachada para disimular que no están tomando absolutamente ninguna medida de fondo para detener los contagios, puesto que no aliviará en gran medida el transporte y que, para utilizarlo, solo se necesitará tramitar un permiso, cosa que ya sucedía.

La sensación es que se tomaron medidas, pero que en lo concreto no resuelven el problema de fondo (la gran circulación de personas y, por lo tanto, del virus), sobre la base de no afectar las actividades económicas. El mensaje político que dio va en consonancia con dichas “medidas”: que la culpa de los contagios es de la población y que, por tal razón, la responsabilidad es meramente individual y no estatal. Una lavada de manos que confirma la profundización en la desidia de los gobiernos.

Es un mecanismo de autopreservación que vienen trabajando hace semanas, desde que los ministros Trotta, Lammens, Moroni y Vizzotti aseguraron que los contagios no se dan ni en las escuelas, ni en las fábricas o transportes públicos, tampoco en el turismo. El presidente se encargó de reforzar esta idea: “les advertí sobre el difícil cuadro que estábamos atravesando”, dijo, casi poniéndose por fuera de la situación y pateando la responsabilidad hacia afuera. También habló del relajamiento social y Semana Santa, donde se “repitieron fiestas y reuniones, contradiciendo todos los protocolos que recomendamos”. En ningún momento puso el eje en el relajamiento que el propio gobierno impuso cuando decidió flexibilizar todas las actividades no esenciales sin el cumplimiento ni el control de ningún protocolo. El punto de quiebre fue la decisión de abrir las escuelas hace unas semanas, que sumó millones de usuarios a un transporte público ya recargado, que aún sufre las consecuencias del deterioro en las frecuencias que impusieron las empresas en la cuarentena.

“¿Cómo vamos a abordar, como sociedad, esta situación que hoy vivimos?” se pregunta el presidente a la vez que, lisa y llanamente, miente acerca del reforzamiento del sistema de salud y la campaña de vacunación, dos estrepitosos fracasos de su gestión. La pregunta en realidad es cómo piensa cuidar de la población, como dice en su discurso, cuando recorta el presupuesto de salud en 10% y ni siquiera se hace cargo de su responsabilidad como gobernante del país.

Desde el Partido Obrero tenemos un programa de intervención para abordar la situación y plantear una salida. En el mismo se incluye como primera medida la centralización del sistema de salud bajo control del personal de salud y en cese de los cierres de los centros de salud, a la vez que se amplíen todos los recursos necesarios que se desmantelaron en los últimos meses (respiradores, camas de terapia intensiva) y se proceda a una política de testeos masivos. Que se organicen comités de trabajadores que discutan las medidas sanitarias de la mano de expertos epidemiológicos e infectólogos y profesionales de la salud. También la promoción de protocolos bajo control obrero y la lucha de su cumplimiento mediante la organización fabril y sindical. Un plan para luchar contra la pandemia que se financie mediante el no pago de la deuda externa y un impuesto progresivo a las grandes rentas, fortunas, bancos y propiedad terrateniente.

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