El gobierno oficializó el pago de un bono para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo a cobrarse en septiembre y diciembre, por un monto de $1.200 y $1.500 respectivamente. La medida había sido anunciada por Macri durante el breve discurso que grabó en la Casa Rosada a finales de agosto. El paquete de “medidas sociales” incluye también el “reforzamiento” de los Precios Cuidados, que a partir de ahora abarcará 550 productos de segundas marcas.

Sin ruborizarse, el gobierno afirma que el pago del subsidio suplementario por única vez a las familias que reciben la AUH tiene “el objetivo de acompañar y cuidar a los sectores más vulnerables y más necesitados de la sociedad”. Para los jubilados que cobran la mínima y los beneficiarios de otros planes sociales, sin embargo, no hay “refuerzos” previstos.

Los anuncios “sociales” del gobierno fueron apurados por la corrida contra el peso, que en menos de una semana devoró el 40% del poder adquisitivo de los trabajadores. Se confirman, ahora, en la víspera de una nueva ola de tarifazos. El gobierno pretende adelantarse a las cifras de pobreza, que sin dudas registrarán una disparada. Ahora bien, en contraste con la ampliación de la miseria social que trajo la devaluación, los exportadores y especuladores embolsaron ganancias millonarias.

La canasta familiar para una pareja y dos hijos se ubica entre los $40.000 y $50.000. Actualmente, las familias que reciben la AUH cobran $1.694 por hijo, más un suplemento anual de $1.411 en concepto de “ayuda escolar”. El salario mínimo vital y móvil, acordado por el gobierno, la burocracia sindical y los empresarios, se ubica en apenas $10.000. Los 400 mil beneficiarios de los planes “Haciendo futuro” y del “Salario Social Complementario” (cooperativas) cobran la mitad de ese monto. Por otra parte, el 75% de los jubilados cobran la mínima de $8.200, contra una canasta del adulto mayor que se estima en $21.000, a lo que se suma el recorte de prestaciones del PAMI. Por otra parte, el traspaso de la seguridad social a la órbita del Ministerio de Desarrollo Social que conduce Carolina Stanley preanuncia la determinación del gobierno en avanzar en una nueva reforma que acabe de destruir el carácter de salario diferido de la jubilación para convertirla en una prestación asistencial mínima y recrear el negocio de las extintas AFJP.

Las “medidas sociales” del gobierno complementan el ajuste pactado con el FMI, para evitar un estallido social producto del empobrecimiento general de la población y del empeoramiento de sus condiciones de vida. Con la recesión que promueve, el gobierno da por descontado un incremento significativo de la desocupación.

Dado el más que limitado alcance de estos anuncios, la bandera de la “paz social” no podría ser sino una quimera sin la contención que aportan la Iglesia católica y los llamados “curas villeros”, especialmente destacados por la ministra Stanley. El gobierno terceriza en las organizaciones vinculadas al clero la ayuda social, especialmente a través de comedores. Stanley destaca su función y la contrapone a “los cortes y manifestaciones”. Los curas villeros que llaman a “no marchar ni hacer cortes” convocan al pueblo a tolerar el ajuste con resignación.

Las organizaciones políticas del movimiento de desocupados y trabajadores precarizados combativas e independientes han rechazado esta política de pauperización de los trabajadores. El Polo Obrero y un conjunto de organizaciones han convocado a todas las organizaciones sociales y piqueteras a desarrollar un frente único de clase para impulsar la medidas de lucha por trabajo genuino, triplicación inmediata de los programas y apertura de la inscripción a los programas de trabajo.