Cada día es más clara la contradicción entre las necesidades del pueblo trabajador y las medidas que impulsan las fuerzas que gobiernan la Nación y la provincia de Mendoza, en línea con el mandato del FMI.

Mientras en la legislatura se discute el presupuesto 2023 –y se declara abiertamente que “sobran” 31 mil millones de la ejecución presupuestaria- los salarios de enfermeros, maestros y municipales están por debajo de la línea de pobreza. Al mismo tiempo, el 60% de los menores de 18 años es pobre. Al gobierno le sobra, pero al pueblo trabajador le falta y mucho.

Peronistas y radicales se pelean en las redes mientras acaban de acordar una reforma de la Corte provincial, que no significa terminar con los femicidios, los crímenes violentos fruto del crimen organizado o terminar con el oscuro manejo de los fondos de la obra pública.

Los políticos capitalistas gobiernan abiertamente a espaldas de las necesidades populares cerrando filas detrás del reclamo del FMI y el gran capital. Mendoza no es diferente al resto del país.

Paritarias: otra vez miseria

El gobierno provincial hizo público que pretende acercarse, en las paritarias, a cubrir los números de la inflación. Pero su primera propuesta no se acercó ni de cerca y solo fue otra propuesta cuotista contra los trabajadores.

La provincia ha adoptado el método de la Nación para aliviar las finanzas estatales: cerrar las paritarias por debajo de la inflación real mientras aumenta su recaudación fiscal cuyos números adecuan convenientemente. Esto significó que en 10 años el salario de los trabajadores pase del 57% del presupuesto a casi el 40%. Un fenomenal ajuste.

En esto el gobierno encuentra un gran aliado en la burocracia sindical ya que sin su participación no habría logrado procesar semejante destrucción del salario. Sin ir más lejos, la última gran lucha de la docencia con paros desafiando el “ítem aula”, movilizaciones realmente masivas y un apoyo popular sin precedentes, entró en una inesperada tregua de casi diez días impuesta de facto por la burocracia kirchnerista. Tiempo suficiente para que el gobierno se acomode, acuerde muy por detrás de las posibilidades y sobre todo de las expectativas de la docencia.

La lucha por el salario está a la orden del día como una necesidad imperante. Urge una acción unitaria de todos los trabajadores para imponer por lo menos un aumento que recupere lo perdido por la inflación.

Reforma de la Corte: nada cambia y la impunidad se consolida

El debate sobre la reforma de la Corte de Justicia entre oficialismo y oposición terminó con una votación común que pasó a resolver diferentes casos en plenario y sorteos.

La opinión pública habla de “la mayoría radical” y “la minoría peronista”. La independencia republicana de poderes ha quedado para los manuales escolares.

Las fuerzas políticas tradicionales “debatían”, entre cuatro paredes, estos temas pero nos revelaban qué lejos están de la realidad. Mientras ellos cuentan porotos en función de sus intereses se amontonan los comisarios de la policía de la provincia y la Federal desplazados por estar ligados al crimen organizado. También un juez federal enfrenta un proceso acusado de liderar una banda criminal en una causa que tiene a colaboradores o servicios de inteligencia –algunos muertos–, empresarios y policías involucrados. La punta de un iceberg que nadie sabe dónde puede terminar, ni todos los involucrados.

La reforma modifica las relaciones de fuerza parcialmente. Al resolver determinados temas en plenario la mayoría radical se valdrá de esa condición quitándole el poder que les confería a la minoría peronista fallar por sala. El resto es pura cosmética.

La disputa por el control absoluto de la Corte es la pelea por quién garantiza la “seguridad jurídica” de las patronales. Es que la corte tiene directa implicancia en los fallos que afectan a los trabajadores. Pero también es la garantía de impunidad, pues son numerosos los casos de intendentes, funcionarios políticos y hasta un exgobernador que deben rendir cuentas a la Justicia por sus manejos y desmanejos en el Estado.

Frente a esto desde el Frente de Izquierda se presentó un proyecto de reforma para la elección directa de miembros de la Corte, jueces y fiscales. La participación y el escrutinio popular, por más limitado que este sea, es una medida básica si se pretende una reforma de fondo. Pero parece que no es un proyecto de la preferencia de los partidos patronales.

Salario, trabajo, educación, agua y vivienda

Las necesidades del pueblo trabajador son claras y lejos están de ser escuchadas.

Contra las intenciones del gobierno y sus poderes el pueblo trabajador busca abrir paso a sus reclamos a través de la enorme pelea por recomponer el salario de los obreros autoconvocados del vino, los autoconvocados de la salud y los trabajadores de la educación. O la Unidad Piquetera, tenaz en su lucha por trabajo genuino, contra el hambre y la pobreza. O la enorme resistencia de las asambleas del agua contra el sistemático lobby megaminero. Son las expresiones de las contradicciones entre las necesidades populares y los reclamos del gran capital, para quienes gobiernan sin distinción.

El lugar de la izquierda es apuntalar estos esfuerzos y no desviar la atención con el lanzamiento de prematuras candidaturas electorales. El crecimiento de una expresión política independiente y de los trabajadores se juega en la victoria de los reclamos populares.

Los esfuerzos del Partido Obrero están colocados en este plano. Con la convicción de fortalecer las luchas y darle una expresión independiente es que vamos a un importante acto el 8 de noviembre. Precedido de decenas de charlas, agitaciones en lugares de trabajo, estudio y barriadas populares.

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