Los primeros resultados del blanqueo han despertado el entusiasmo oficial. Hasta el momento se han exteriorizado unos 4.000 millones de dólares, y se estima que el monto final llegaría a unos 8.000. Esto representa el primer tramo del blanqueo, reservado a la plata guardada debajo del colchón. Ahora se ingresa en la etapa principal, la que comprende a los grandes inversores. A partir de los guarismos iniciales se calcula que el blanqueo podría alcanzar los 60.000 millones de dólares, y los más optimistas hablan de 80.000 millones.

 

Hay una coincidencia entre los analistas, sin embargo, de que esos fondos no van a entrar en el país. Una señal es que el bono especial emitido por el gobierno (permite blanquear a costo cero, pero, como contrapartida, obliga ingresar el dinero en el país e inmovilizarlo durante cuatro años), no logró generar una corriente de adhesión entre los capitalistas. Quienes blanqueen, optarían por pagar el impuesto en forma directa, pero dejando el dinero en el exterior.

 

La prometida -y frustrada- “lluvia” de dólares que se esperaba a partir del arreglo con los buitres, el levantamiento del cepo y la devaluación, tampoco llegará con el blanqueo. Estamos frente a una huelga de inversiones productivas, que tiene un alcance internacional como consecuencia de la bancarrota capitalista, de cuyos efectos no se sustrae la Argentina. Consecuentemente, las divisas que ingresan van a engrosar la bicicleta financiera. Esto, muy probablemente, se reforzará con el blanqueo, pues permitirá, a partir de la legalización de los fondos, una mayor fluidez para los movimientos y transacciones financieras entre el país y el exterior.

 

Desequilibrio fiscal y endeudamiento

 

Por otro lado, el impuesto que se recaude está lejos de ser una panacea para resolver el agujero fiscal. Los 6.000 millones de dólares que podrían ingresar en el primer tramo, y eso en la mejor de las hipótesis, es una porción exigua comparada con la magnitud del rojo de las cuentas públicas, que se acerca a los 40.000 millones. A eso habría que agregar el déficit generado por los intereses de la deuda de los pagarés (Lebac) emitidos por el Banco Central, que crecen como bola de nieve y ya ascienden a 10.000 millones de dólares. Por eso ya se anticipa que, por más “exitoso” que sea el blanqueo, el gobierno no podrá prescindir de más endeudamiento.

 

En los diez meses de gestión macrista se ha batido un récord en esa materia. Nos encontramos ante un festival de bonos nacionales y provinciales, y ahora se suman al menú los corporativos (unos 50.000 millones de dólares, en total, por todos los conceptos). Ese ritmo de crecimiento de la deuda dolarizada es parasitario, pues gran parte se dirige a financiar el gasto corriente. El panorama es un calco de lo que hizo Martínez de Hoz bajo la dictadura militar, cuando endeudó a YPF y a las empresas del Estado con los resultados conocidos; es también lo que intentó Axel Kicilloff en la última parte del mandato de CFK. Es una bomba de tiempo, pues potencia al extremo la dependencia y vulnerabilidad financiera del país, expuesto a la extrema volatilidad del mercado financiero internacional. Además, la fuga de dólares no se ha frenado y continúa con el mismo volumen que en la década kirchnerista, a razón de 1.000 millones de dólares mensuales. Esta huida, por el momento, se ve neutralizada por el ingreso de capitales del exterior, de carácter especulativo, lo que puede explotar en cualquier momento ante un aumento de la tasa de interés de la Reserva Federal u otras circunstancias internacionales que provoquen un cambio en el flujo de capitales. Entretanto, la Argentina es prisionera de una bicicleta financiera incompatible con cualquier proceso de reactivación y se sostiene con elevadas tasas de interés que permiten a sus beneficiarios obtener rendimientos siderales en dólares, aprovechando que su cotización está planchada.

 

En este marco, paradójicamente, el blanqueo va aumentando el déficit fiscal. Los deudores pasan a convertirse en acreedores mediante los dólares declarados que vuelven al país, pero bajo la forma de préstamos al Estado. A esto hay que agregar -cuestión de la que se habla poco- que la moratoria  implica una licuación de la deuda privada por medio de una generosa condonación de multas y reducción de intereses.

 

Contradicciones

 

Así, el blanqueo amenaza transformarse en un dolor de cabeza. Un masivo ingreso de capitales como consecuencia de un “éxito” del sinceramiento fiscal puede acentuar aún más el atraso cambiario, la inflación en dólares y recrear sobre esa base las presiones devaluatorias y los reclamos de la burguesía que ya se manifestan (importaciones). El gobierno acaba de flexibilizar los topes en divisas que los bancos pueden conservar en sus activos en su afán por mitigar esta crisis en potencia.

 

El blanqueo es un engranaje más de este megaendeudamiento. Para motorizar este proceso, el macrismo no ha vacilado en remover los obstáculos sobre la procedencia de los fondos y libera a quienes se acojan al blanqueo de la obligación de presentar sus declaraciones juradas y otras exigencias bancarias dispuestas en su momento por la la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Una piedra libre para el narcotráfico, el lavado de dinero y otras actividades delictivas, que tendrán la oportunidad de blanquear sus fondos negros e ilegales.

 

Este circuito se ha visto lubricado por otros incentivos impositivos. Por lo pronto, se ha reducido el impuesto a la riqueza hasta su definitiva eliminación en 2019; liberado del impuesto a  ciertas rentas del exterior que hasta el momento estaban gravadas y excluidas -en forma subrepticia- del pago de impuestos los dividendos. Mientras se premia a las rentas financieras, se mantiene en pie el impuesto al salario y se avanza en el ajuste.