26/11/2021

Las patronales textiles quieren “blanquear” la superexplotación laboral

Quieren polos productivos, con exenciones impositivas y a las cargas patronales, facilidades financieras y subsidios.

Las patronales textiles vienen elevando un planteo al gobierno para la conformación de “polos productivos” del rubro, con beneficios fiscales, financieros y laborales, excepcionales, como condición para regularizar el alto porcentaje de trabajo informal. Se trata de un blanqueamiento de las precarias condiciones laborales que soportan cientos de miles de trabajadores y trabajadoras textiles.

Parte de este programa patronal fue elaborado en la reciente Convención Anual Pro Textil 2021, realizada a principio del mes de noviembre, y transmitida por algunos referentes patronales del sector, como la Fundación Pro Tejer.

Estos sectores plantean que la industria textil está recuperando niveles de producción prepandemia, pero que aún subsiste un nivel de informalidad que oscila entre el 72 y el 80% de la mano de obra intensiva, particularmente en el sector de confección, con una alta incidencia de la manufactura, y que alcanza a unas 200 mil personas en todo el país.

Zona franca textil

La creación de “Polos de Confección” implicaría la habilitación de una especie de zona franca textil, donde los capitalistas pueden gozar de exenciones a los aportes patronales, desgravaciones fiscales, beneficios financieros y acceso al crédito blando, formación laboral subsidiada –o paga- por el Estado y/o sindicatos y otros beneficios y facilidades respecto al personal. Todo con el propósito de abaratar costos y aumentar la productividad del trabajo.

En cuanto a los “estímulos al empleo”, una variante en boca del gobierno es el empalme con los programas sociales de los trabajadores desocupados y precarizados, para convertirlos en un subsidio directo al capital.

El modelo del plan de las patronales textiles es la reciente creación de una planta de confección en la provincia de Catamarca, que funciona como un pool productivo de cinco grandes marcas -Billabong, Gepetto, Azzaro, Grisino y Jazmín Chebar-, las cuales gozan de distintos beneficios.

Entre las “facilidades” otorgadas por el gobierno nacional cuentan con la bonificación del 50% de las contribuciones patronales, mientras que el gobierno provincial subsidia el 80% de un salario mínimo durante los primeros seis meses, entre otros beneficios.

Superexplotación y bajos salarios

La industria textil, y particularmente los sectores con alta incidencia de mano de obra y baja inversión de capital, está dominada por la lógica del trabajo informal y semiesclavo, en talleres clandestinos que explotan trabajadores/as –e incluso niños- durante jornadas laborales extenuantes, mal pagas y condiciones inhumanas.

A este recurso apelan la mayoría de las principales firmas textiles y de indumentaria para competir con los bajos costos de producción de la manufactura asiática, reproduciendo las mismas condiciones de cuasiservidumbre.

La patronales textiles reclaman aranceles y límites a la importación asiática, por un lado, y un “tipo de cambio competitivo”, es decir mayor devaluación, para “recuperar el negocio nacional” sobre la base de abaratar los salarios, los cuales oscilan entre los $57.000 y $60.000 para las primeras cinco categorías del convenio textil.

Aunque esta misma depreciación del peso es la que ha impulsado el salto de la materia prima internacional, y gran parte de la escalada de precios del sector textil, que se ubicó en octubre en un aumento interanual del 64%, contra el 52% del IPC.

Las patronales textiles reclaman beneficios excepcionales y subsidios para competir con los talleres clandestinos… pagando menos. No se les ha ocurrido ningún reclamo contra el funcionamiento de dichos talleres, por medio de la aplicación el poder del policía del Ministerio de Trabajo, ya que en gran medida son ellos mismos los que tercerizan la producción a dichos establecimientos, como ha ocurrido durante las restricciones a la actividad económica durante la pandemia.

La industria textil precisa de la regularización del conjunto de los establecimientos productivos, cuya responsabilidad le cabe directamente al Estado. Junto con la conformación e intervención de comisiones obreras  y cuerpos de delegados y comisiones internas en cada lugar de trabajo, para hacer cumplir el convenio colectivo y las adecuadas condiciones laborales. Además de una recomposición salarial que lleve los ingresos obreros a la canasta familiar, en el marco de una recomposición general de los salarios que permita recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores y el consumo de indumentaria y productos textiles.

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