El nuevo DNU, que establece que el Estado asume buena parte del salario de abril, confirmó el fracaso del paquete anterior. Las patronales presionaron con despidos y una ola de suspensiones y rebajas salariales. 

Aunque el aporte va directamente a la nómina salarial de cada empresa, en rigor se trata de un subsidio a los capitalistas; que además se hace a ciegas, sin meterse en los balances de las empresas para discriminar las que atraviesan realmente una crisis de las que no, las que carecen de espalda para cumplir sus compromisos salariales de aquellas que deberían apelar a sus millonarias reservas acumuladas.

El grueso de esos fondos, unos 107 mil millones de pesos, una vez más saldrá de la Anses; es decir de los bolsillos de los trabajadores activos y jubilados.

El nuevo decreto establece que el Estado se hace cargo del pago del 50% de los salarios privados, por un monto no menor a un salario mínimo (16.875 pesos) ni mayor a dos (33.750 pesos), o al salario neto de bolsillo. Eso se suma a la exención de aportes patronales. La caja exhausta del Sistema Integrado Previsional “pone” pero “no recibe”. La primera víctima de este doble saqueo será, previsiblemente, la movilidad jubilatoria de junio.

Además, es aplicable aún en los casos de suspensiones con rebajas salariales que habilitó el primer decreto. Una empresa del Smata, por ejemplo, que acordó rebajas al 70% del salario bruto, al tener subsidiada la mitad del importe que el trabajador cobró en febrero, puede terminar pagando el 20%. 

El 75% de las empresas -unas 420 mil- se inscribió para recibir la asistencia. El nuevo programa mejora sustancialmente los valores y, fundamentalmente, alcanza a todas las empresas sin distinción de tamaño. Incluso extiende el plazo para que se inscriban las que no lo hicieron antes.

Suspensiones “a la baja”, subsidiadas

Para adherirse al nuevo programa, las patronales deberán demostrar, entre otras alternativas, una reducción de sus ventas. El criterio es generoso porque, con la economía detenida, la caída de la facturación es casi la norma. De este modo, en esa lista entran Ford, Toyota, Arcor, Paolo Rocca o Bulgheroni a igual título que cualquier Pyme. 

Además, todos estos pulpos acordaron con “sus burocracias” suspensiones con rebajas salariales del orden del 30% (en la industria petrolera es mucho mayor), al amparo del artículo 223 bis de la ley de Contrato de Trabajo, que el DNU de “prohibición de despidos y suspensiones” no cuestiona. Esta misma línea siguieron las cadenas de comida rápida, de electrodomésticos, las automotrices y varias actividades más: una “suerte de ronda de paritarias orientada a pactar licenciamientos masivos”.

A la luz del reciente decreto, Comercio y textiles pasaron a un cuarto intermedio las negociaciones. Incluso el sindicato de pasteleros, que acaba de firmar suspensiones al 70% con la cámara que agrupa a McDonald’s, Burger King, Starbucks y otras, advirtió que revisará el acuerdo. 

“Ahora que el Estado pondrá la mitad del sueldo, vamos a ir por el 100% del salario”, dice la CGT. Para la UIA “no es lógico ni racional. El que se queda en su casa no puede ganar lo mismo que el que trabaja. No es un salario, es una compensación”. 

Se viene un tironeo por esto, aunque lo que realmente desvela a la CGT es el rojo de las obras sociales por la falta de aportes patronales. En los próximos días habrá una reunión con el ministro de Salud, Ginés, para destrabar un aporte sustancial. “O liberan la producción o tienen que dar asistencia”, declaró Héctor Daer.

Entre los sindicatos industriales se ha destacado la actitud del Sutna que, habiendo sido declarado actividad esencial con dudosos fundamentos, ha resistido toda rebaja y la primera habilitación de actividades en Pirelli la ha hecho garantizando el salario integral neto de los que siguen licenciados. Una vez más, la actitud del clasismo contrasta con la burocracia sindical en todos los planos.

Los bancos mandaron la plata de los créditos al dólar

Diego Coatz, uno de los capos de la UIA, fue uno de los que reclamó más medidas, “contundentes y universales”, y rechazó “que se basen en el endeudamiento de las empresas”, en referencia a los malogrados créditos bancarios.

Los créditos al 24% no fueron otorgados por los bancos hasta que no aparecieron las garantías del Estado. Y, según la UIA, el 80% de los solicitantes aún no lo recibió. La mayor parte de los 150 mil millones de pesos adjudicados fue canalizada por los bancos oficiales. Los privados desviaron los encajes liberados por el Central hacia la compra de dólares.

Para los autónomos, una masa importante que quedó afuera de todo auxilio estatal, el nuevo decreto prevé una línea de créditos a tasa 0. Con una inflación del 50%, puede parecer beneficioso pero eso no debe ocultar que la ayuda “se basa en un mecanismo de endeudamiento” (el que rechazó la UIA).

Por una salida obrera

Todavía no se secó la tinta del último DNU y la UIA ya adelantó que “va a hacer falta dotar a las empresas de capital de trabajo para que retomen la actividad una vez que pase la pandemia”, lo cual “va a requerir un esfuerzo mayor del Estado (del Tesoro y el Banco Central)”. Invocando la “revalorización de lo público” y el “Estado fuerte” avanza el rescate al capital a cuenta de los trabajadores.

Nuestro planteo es otro: el Estado debe garantizar el pago integral de los salarios y actualizarlos automáticamente. Hay que abrir los libros de las empresas que argumenten no poder pagar a comisiones obreras, para analizar sus balances. La asistencia debe financiarse cortando de cuajo la sangría de la deuda externa y mediante un impuesto progresivo al gran capital.

La lucha efectiva contra la pandemia y sus consecuencias sociales requiere imponer la prohibición efectiva de despidos y suspensiones. Seguro universal de 30 mil pesos. Nacionalizar la banca y los recursos estratégicos y, sobre esa base, elaborar un plan de reorganización económica y social.