Con una serie de agudas preguntas, la diputada nacional Romina Del Plá dejó en evidencia la magnitud del ajuste previsto en el Presupuesto 2022, que el ministro Martín Guzmán intentó disimular en su exposición en el Congreso de la Nación.

La legisladora del Partido Obrero en el Frente de Izquierda Unidad comenzó su intervención refiriéndose a la penosa situación a que el gobierno condena a los millones de jubilados que cobran el haber mínimo de 29.060 pesos cuando la canasta de la tercera edad se estima en 75.000. Denunció que se perpetúa la reducción de los aportes patronales de Menem y Cavallo, e interrogó al ministro de Economía si en lugar de mantener una deuda con Anses de 1,2 billones de pesos no deberían volcarse esos recursos para revertir la miseria jubilatoria.

Luego consultó sobre cómo se piensa afrontar la crisis habitacional, siendo que por cada peso que se destina a vivienda se asignan 5,5 al pago de servicios de deuda -sin contemplar los vencimientos con el Fondo. Denunció así que mientras se ejecutan desalojos como el de Guernica apenas se terminaron 1.000 hogares mediante el Procrear y 5.200 viviendas sociales, con un déficit habitacional que ronda los cuatro millones.

Luego puntualizó acerca de la inconsistencia de las metas inflacionaria y cambiaria, ya que mientras el proyecto de ley prevé un IPC anual del 33% y un dólar a 133 pesos para fin de año, el Banco Central releva que los precios subirán 52,1% y que el tipo de cambio será de 161 pesos. Manifestó entonces que la subestimación de la pauta inflacionaria tiene como objetivo poner un techo a salarios y jubilaciones.

Ahondando, señaló el hecho de que con un superávit comercial récord siguen cayendo las reservas del Banco Central, lo cual muestra una fuga de capitales, e interpeló a Guzmán acerca de por qué no se frena la salida de 15.000 millones de dólares del saldo favorable de la balanza comercial.

Del Plá puntualizó también que el presupuesto universitario se contrae un 7% respecto de la pauta inflacionaria del propio proyecto, advirtió que del programa Juana Manso de conectividad apenas se ejecutó un 10% cuando la pandemia puso de relieve la enorme brecha digital, y preguntó incisivamente si la ejecución del gasto en infraestructura seguirá engrosando los negocios de la patria contratista a costa de la comunidad edicativa.

Rechazó además la adjudicación de la etiqueta “perspectiva de género” a programas alimentarios o el Potenciar Trabajo, que apenas buscan dar algo a los hambreados por esta misma política, y exigió precisiones sobre cuánto se destinará a la construcción de casas refugio para víctimas de violencia y la conformación de equipos integrales de acompañamiento.

Al finalizar, Romina Del Plá contrastó toda esta política de ajuste al servicio del acuerdo con el FMI que el Frente de Todos y Juntos por el Cambio se aprestan a aprobar, con el crecimiento de las exenciones impositivas a las patronales. Preguntó entonces si el 1,5 billón de pesos contemplado dentro del gasto tributario no debería destinarse a atender las necesidades de la población trabajadora.

Los diputados del Frente de Izquierda Unidad ponen blanco sobre negro el rumbo ajustador del Presupuesto 2022.

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