El complejo esquema sancionado por el gobierno para que las empresas de medicina prepaga puedan aumentar sus cuotas de forma sistemática está dando lugar a todo tipo de abusos y amenazas por parte de las patronales. Las prepagas “requieren” información excesiva de sus afiliados y familias para acceder a la cuota más “barata”, pero actúan a libro cerrado de cara al Estado y sus afiliados.

Esta situación emerge luego de que el gobierno reglamentara los aumentos del sector, fijando un aumento equivalente al 90% de la evolución mensual del Ripte para quienes no superen los ingresos familiares equivalentes a seis salarios mínimos. Quienes se excedan de este monto deberán pagar los ajustes superiores correspondientes al Índice de Costos de Salud.

Esto requiere que los afiliados a las prepagas realicen una declaración jurada mensual ante la Superintendencia de Servicios de Salud. Sin embargo, las patronales, no satisfechas con esto, exigen sus propios términos para “auditar” a los asociados.

En este caso la empresa Omint, con unos 350.000 socios, envió notas a sus afiliados solicitando información el titular y su grupo familiar, además de documentación respaldatoria. Lo que requieren es copia de recibo de sueldo del núcleo familiar, sueldo neto, comisiones y horas extras cobradas, informe y documentación sobre otros ingresos (alquileres, plazo fijo, rentas etc.), etc.

Se trata de un formulario extenso donde la empresa, además, reclama que se la autoriza para verificar la información aportada.

Como ya ocurriera con el lanzamiento de la nueva regulación, las patronales amenazan a sus afiliados de emprender acciones legales en caso de “verificar inconsistencias” e incluso cortarles el servicio de atención médica.

En la información suministrada por Omint a sus socios también se desliza la idea de “adecuar el servicio al nuevo valor de cuota solicitado”, lo que estaría violentando directamente la nueva regulación, discriminando aún más las prestaciones en función del acceso o no a las cuotas con “menores” aumentos.

Para el mes de febrero, quienes quedaron comprendidos dentro de los ingresos inferiores a seis salarios mínimos ($371.718) tuvieron un aumento del 4,91% contra el 8,21% correspondiente a quienes superaron el umbral. De allí la insistencia de las patronales.

Esta práctica totalmente irregular e ilegal de las empresas choca con la realidad de las mismas patronales que gozan de una política de privacidad privilegiada y carecen de la auditoría de sus negocios.

Las patronales pretenden invertir la carga de la prueba, cuando lo que toca es que ellas abran los libros de sus empresas para determinar el valor real del servicio que brindan, y no los trabajadores para justificar o no pagar una cuota con más o menos incremento.

La regulación del gobierno habilita todas estas irregularidades y aumenta el estado de indefensión de los trabajadores que acceden a la medicina prepaga para tener una mejor cobertura médica. El gobierno ha sido un garante de los negocios de las prepagas, que ahora pretenden humillar y perseguir a los trabajadores hasta el cansancio, además de mantener exenciones y bonificaciones a las cargas patronales como beneficio extraordinario.

Las prepagas deben abrir sus libros al control de los trabajadores y afiliados, y las cuotas deben ajustarse al valor real y a la capacidad económica de los trabajadores, sin distinciones ni diferenciaciones, con un programa de prestaciones único e integral. La apertura de los libros permitiría identificar los negociados de estas empresas a costa de la salud y avanzar en el planteo de la centralización del sistema sanitario bajo control de los trabajadores.

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