El Tribunal Oral Federal N° 1 condenó a 17 genocidas por su participación en el Plan Cóndor. La Justicia demoró tres años en probar que las dictaduras de Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Brasil tenían un plan de exterminio coordinado para eliminar a la vanguardia obrera y juvenil del continente.

De los 31 genocidas acusados, sólo llegaron al veredicto 17 de ellos. El resto falleció impune -como es el caso de Jorge Rafael Videla- o fue apartado “por razones de salud”. Durante el juicio, sólo dos de los represores estuvieron presos. Los demás fueron beneficiados con prisión domiciliaria, a pesar de tener sentencias en otros juicios, como el genocida Vañek, con más de 3 condenas en su haber.

El tribunal dictó 15 condenas y dos absoluciones. Los cargos fueron los de asociación ilícita y privación ilegítima de la libertad por los casos de 105 compañeros detenidos-desaparecidos (45 uruguayos, 22 chilenos, 13 paraguayos, 11 bolivianos y 14 argentinos); entre ellos, los del hijo y la cuñada del poeta Juan Gelman. Se calcula que las víctimas del Plan Cóndor fueron en total más de 400.

Las condenas más altas recayeron sobre Miguel Angel Furci (25 años), integrante de la Side; Manuel Cordero (25 años), ex servicio de inteligencia militar uruguayo -el único extranjero que llegó a juicio-, el ex presidente Reynaldo Bignone (20 años) y Santiago Omar Riveros (25 años), ambos responsables del centro de torturas y exterminio que funcionó en el Instituto Militar de Campo de Mayo.

Quedó demostrada la coordinación represiva de las dictaduras militares de los años ‘70 en Latinoamérica. Los represores eran entrenados en la Escuela de las Américas bajo la doctrina de seguridad nacional de los yanquis, que sintetizó las experiencias de las ocupaciones imperialistas en Argelia y Vietnam. Sin embargo, ningún funcionario norteamericano fue convocado por la justicia argentina transcurridos 40 años del golpe en nuestro país.

Quedan millares de víctimas sin justicia. La impunidad de las dictaduras militares del continente es la norma. La “reconciliación” y el olvido fueron la política de todos los gobiernos que las sucedieron, incluidos los gobiernos centroizquierdistas del Frente Amplio en Uruguay, el PT brasileño y la Concertación en Chile. En Argentina, el kirchnerismo se llamó a silencio frente al secuestro de Julio López –testigo clave en los juicios- y nombró al genocida Milani al frente del Ejército. Hoy la política de amnistía es impulsada abiertamente por el macrismo.

El castigo a los responsables de las dictaduras militares y de tantos crímenes contra el pueblo en la región, cometidos por el imperialismo y las burguesías nacionales, será el resultado de la movilización internacional de los trabajadores.