En 1992, hace 24 años, la Cámara de Diputados aprobó la privatización de Gas del Estado planteada por Menem. La sesión convirtió en popular, de allí en más, el término diputrucho. Como los peronistas no lograban el quórum necesario para tratar el punto -130 diputados- apelaron a un impostor. Era Juan Abraham Kenan, asesor de Julio Samid, hermano del “rey de la Carne” e integrante de un núcleo de colaboradores “todo servicio” de diputados justicialistas. La Cámara no sancionó ni al impostor ni al diputado. 

 

La anécdota viene a cuento del gran tema que estuvo ausente en la interpelación al ministro de Energía: el fracaso de las privatizaciones de YPF y Gas del Estado, consumadas en la década del ’90 por el gobierno de Menem con la complicidad del entonces gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner.

 

Una de las razones del silencio es que los propios diputados presentes en la interpelación fueron protagonistas de la venta a precio vil de los activos del Estado: en aquel tiempo, “entre vítores, besos y abrazos celebraron la votación (por la privatización de YPF) notables referentes de la mayoría como Eduardo Amadeo, Eduardo Caamaño, Eduardo Fellner, Juan González Gaviola, José Luis Gioja, Oscar Lamberto, Juan Carlos Maqueda, Lorenzo Pepe, Carlos Ruckauf, Felipe Solá, Miguel Angel Toma y Jorge Yoma, entre otros”1.

 

De todos modos, el debate sobrevoló el recinto. Cuando uno de aquellos que celebraron la privatización de YPF, José Luis Gioja, actual cabeza del PJ, le preguntó a Aranguren cuál era el costo de extracción en boca de pozo del gas el ministro se negó a contestarle. La venta de YPF significó convertir al costo de producción en boca de pozo en un secreto de Estado, lo que no se alteró bajo el gobierno “nacional y popular”, y mucho menos con el actual. Las empresas lo declaran bajo juramento, de modo que el precio en boca de pozo es un valor fijado finalmente por las petroleras. Más aún, la ley que rige no considera a ese tramo de la producción un servicio público, por lo que no está sometido al mecanismo de audiencia pública.

 

Tan importante es el secreto sobre el punto que el propio gobierno formuló su alerta a la Corte Suprema. “Uno de los funcionarios de más alto rango del gobierno definió qué es lo esencial que esperan del fallo: “de mínima, lo que queremos es que confirme que el precio del gas en boca de pozo, es decir lo que cobran las petroleras, no debe pasar por las audiencias (…) ¿Quién pondría miles de millones de dólares para que después el precio del gas, el retorno de su inversión, se discuta públicamente en Audiencias?”, se preguntó el funcionario (Clarín, 16/8).

 

¿Tiene importancia el punto? A las compañías que suministran el gas se les paga un promedio de 4,7 dólares por el millón de BTU, el aumento más importante en la tarifa de gas este año. Aunque el gas no es un bien transable internacionalmente, a las compañías que suministran el gas se les paga este importe, siendo que el precio de referencia en el mercado norteamericano está en los 2,60, luego de caer en mayo a 1,80. Recordemos que, fruto del gobierno “nacional y popular”, ya existía un valor de 7,50 dólares el millón de BTU para el gas nuevo, es decir para aquel que provenía de nuevas inversiones.

 

Cuando Aranguren se negó a responder la pregunta sobre el costo de producción del gas en pozo, el diputado del PJ exhumó una investigación reciente de la Fundación Bariloche, sobre la base de los balances presentados por YPF a la Comisión de Mercados y Valores de Estados Unidos (SEC), que determina que el costo de producción promedio del billón de BTU de gas es de 1,9 dólares. Si fuera así, el Estado garantiza a las gasíferas, al día de hoy, tres veces el costo de producción.

 

La nacionalización: un acto de sentido común

 

Se trata sólo de un dato más, que muestra, a casi un cuarto de siglo de producida, que la privatización ha revelado su absoluto fracaso. Ha sido incapaz de garantizar el autoabastecimiento. Ha provocado el descuartizamiento de YPF y Gas del Estado, al que siguió el de decenas de usinas y represas hidroeléctricas, un remate en función del rescate capitalista de empresas y grupos que no fue alterado por ninguno de los gobiernos posteriores al riojano innombrable. Con la falsa estatización de YPF el gobierno CFK, que promovió los giros de utilidades de Repsol por mucho más que sus utilidades declaradas y le pagó más de 5.000 millones de dólares de indemnización, consumó una nueva operación de vaciamiento. La YPF de mayoría estatal siguió el camino del tarifazo, por lo que el consumidor argentino paga la nafta más cara del continente (salvo Uruguay), sin conexión alguna con el costo de producción.

 

Se ha creado un régimen perverso, dislocado, parasitario, en función de preservar o recomponer la tasa de ganancia de los grandes grupos. La expropiación sin compensación de los pulpos de energía y servicios, bajo control de los trabajadores, es un acto de sentido común.

 

1. Horacio Mantiñan, IADE, diciembre 2006.