Con el anuncio de que Aguas Argentinas, controlada por el grupo franco-belga Suez y la española Aguas de Barcelona, dejó de pagar su deuda de 706 millones de dólares, ya son tres los grandes grupos privatizadores que han declarado el default. El mayor es Telecom, dominado por capitales franceses e italianos, que acumula un endeudamiento de 3.200 millones de dólares. El panorama se completa con Metrogas, dirigida por la inglesa British Gas y la española Repsol, que tiene un pasivo superior a los 400 millones de dólares. En la lista de espera se encuentran también los pulpos de la energía *Edesur y Edenor.

Las causas de las bancarrotas parecen sencillas: endeudadas en dólares, cuya cotización frente al peso aumentó 200% en dos meses, y con tarifas en moneda nacional, no hay manera de cubrir las obligaciones. Por un lado, se triplicó la deuda; por el otro, el patrimonio disminuyó como consecuencia de la menor rentabilidad.

Pero el carácter de esta quiebra capitalista requiere algunas precisiones más. Estas mismas empresas acumularon lucros descomunales en la última década. Según sus propios balances, Telecom ganó 3.500 millones de dólares entre 1992 y el 2000, o sea, 300 millones más que el total de su deuda. Esas ganancias, además, están subestimadas debido a que las compras (y los costos) fueron sobrefacturados, aprovechando la relación empresarial con los proveedores: “Según algunos economistas, las utilidades son el doble del importe que figura en los balances” (Postdata, 18/1). La deuda, por su lado, está inflada por autropréstamos y por movimientos ficticios de capital, sin considerar que disminuiría considerablemente si fuera pagada al contado, debido al suculento descuento que está dispuesto a hacer el acreedor.

Como Aerolíneas

Por otra parte, todas estas empresas fueron adquiridas sin aporte de capital, con créditos que tenían la garantía de la empresa comprada, como ocurrió con Aerolíneas. La quiebra esconde el hecho de que las ganancias no fueron aplicadas a disminuir el endeudamiento sino a pagar dividendos. La acumulación del capital de la empresa tuvo lugar por fuera de ella, se concentró en los bolsillos de los accionistas controlantes. Pero estos accionistas, como el Banco Bilbao Vizcaya, son precisamente los acreedores de la enorme deuda registrada. El caso de Repsol es muy claro: compró YPF con un crédito de 15.000 millones de dólares y no lo bajó siquiera en un peso, porque repartió todos sus beneficios. Su principal acreedor y su principal accionista es el BBVA.

De un modo similar se hicieron todas la “privatizaciones”: los nuevos dueños tomaron préstamos y cuando la compañía producía enormes lucros, en lugar de ir liquidando la deuda, como haría cualquier almacenero, éstos se distribuían y acumulaban generosamente entre los monopolios propietarios. En forma paralela se abultaba financieramente el crecimiento sin límites de los pasivos.

La quiebra empresarial podría ser superada por medio de un ajuste de las cuentas del acreedor y del accionista, pero en lugar de esto los pulpos pretenden que el Estado subsidie la compra de divisas para saldar la deuda, beneficios impositivos, aumentos de tarifas, presionar a los eventuales acreedores no asociados al grupo madre a renegociar la deuda y, por último pero no menos importante, justificar despidos y flexibilización laboral.

Claro que cuando el acreedor y el accionista son grupos diferentes está planteado un cambio de manos: Pescarmona, por ejemplo, ya perdió el control de su compañía Impsat *que operaba en servicios informáticos y satelitales a nivel continental*; Escasany tendrá que dejar la presidencia del Galicia; y la familia Peirano *dueña de Supermercados Disco y del Banco Velox* sería desplazada por un grupo holandés, ahora minoritario, que tomaría el control del paquete accionario.

Nuevos negocios

De conjunto, la devaluación (y pesificación) puso al desnudo una enorme depreciación de capitales anterior a ella, pues esa depreciación corresponde a la caída de la tasa de beneficio que provocaron cuatro años de recesión. La devaluación solamente modificó el reparto de la desvalorización dentro de la clase capitalista, en perjuicio de los servicios y bancos y en beneficio de la industria exportadora. Los capitales afectados pretenden que el Estado salga a rescatarlos con un seguro de cambio y con una renegociación de contratos, para de esta manera evitar que la crisis la paguen los accionistas que efectivamente vaciaron las empresas. De prosperar, esto implicaría una confiscación enorme de los salarios directos e indirectos (finanzas públicas).

Mientras las empresas de servicios y los bancos se protegen con la declaración de quiebra, los capitales industriales pretenden cubrirse con la Ley de Quiebras, que protege al deudor. En uno y otro caso, se ha abierto una fenomenal lucha política que el FMI pretende zanjar a favor del capital norteamericano. La Bell quiere quedarse con Telecom y los bancos yanquis con los bancos europeos y las empresas de capital nacional.

La profundidad no sólo de la crisis, sino de los enfrentamientos, puede inclusive llevar a la nacionalización de las empresas en default en un intento extremo de arbitraje de parte del Estado y para disimular los subsidios estatales que los rescaten de la quiebra.

Pero la quiebra capitalista generalizada es una forma neta de manifestación del agotamiento del sistema capitalista, lo que plantea la superación de la propiedad privada de los medios de producción.