La decisión de ir a un default provino del gobernador, Jorge Capitanich, que busca reestructurar unos U$S 250 millones. No es la primera vez que Chaco se encuentra en esta situación. En el año 2012, producto de las restricciones para acceder a dólares -como ahora- el gobierno, también de Capitanich, había pagado en pesos unos bonos que debían pagarse en moneda extranjera.

Pero ni la escasez de dólares ni los efectos económicos de la pandemia son las únicas razones por la que Capitanich suspendió el pago. La decisión no fue tomada a las apuradas; desde comienzo de año -mucho antes de la pandemia y del supercepo- el gobernador ya había planteado la necesidad de reestructurar deuda por un monto de $4.000 millones de pesos, solo en 2020. La decisión de suspender el pago respondió a la necesidad de ganar tiempo mientras ajusta las cuentas públicas. De este ajuste saldrán los fondos para continuar con el pago de la deuda en pesos y en dólares.

Capitanich necesita reestructurar una deuda que totaliza los $60.000 millones, contraídos a tasas usurarias y avalada por la bancada del PJ y del radicalismo en la legislatura. Para eso, ha dispuesto un ajuste en regla que afecta a todo el espectro del Estado, desde las empresas a su cargo (Sameep y Secheep) y los organismos descentralizados, como el INSSSEP -obra social provincial- hasta el empleo público y los salarios. Capitanich busca ahorrar $13.000 millones reduciendo gastos en combustibles, viáticos, papelería, etc., es decir, haciendo recaer en los trabajadores el costo administrativo y de movilidad. Incluye, también, una reducción de personal de 12.000 personas, por jubilaciones y retiro vegetativo, en los próximos cuatro años. Esto último se entiende mejor con su propuesta legislativa de congelamiento de los pases a planta en el Estado, en un claro intento de querer sobreexplotar al personal más joven haciendo recaer sobre sus hombros las tareas de los jubilados y retirados.

Es tan profunda la crisis fiscal y financiera en la que se encuentra el Chaco que el ahorro planteado ni siquiera alcanza los $18.000 millones que se contrajeron en los últimos cuatro años por, el ahora embajador argentino en Paraguay, Oscar Peppo. Por esto mismo, Capitanich tiene en la mira los salarios de docentes, judiciales y estatales a los que ya les ofreció un promedio de aumento del 7%, muy por debajo de la inflación, buscando precarizarlos aún más.

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