El presidente de la Cámara de Diputados y figura destacada del rejunte del Frente de Todos, Sergio Massa, ganó notoriedad mediática el pasado fin de semana debido a sus declaraciones hostiles contra la población que se ve obligada a ocupar terrenos, tanto se trate de familias sumidas en la pobreza como de comunidades de los pueblos originarios.

La controversia tuvo lugar respecto de la ocupación de tierras en Villa Mascardi, en Río Negro, que agudizó la crisis política al respecto de cómo actuar ante este fenómeno que viene creciendo conforme se agudiza la crisis económica. Massa aprovechó la oportunidad para señalar que “el Estado tiene que hacer cumplir la ley y si hay gente tomando tierras lo que tiene que hacer es desalojar”, refiriéndose al hecho en concreto y luego extendiendo sus conclusiones a las ocupaciones en el Conurbano bonaerense.

El referente del oficialismo señaló que esta en comunicación con los intendentes Gray (Esteban Echeverría) y Cantero (Presidente. Perón) y con el gobernador Axel Kicillof y la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, discutiendo qué medidas adoptar ante las ocupaciones. “Es muy probable que evaluemos la posibilidad de que aquel que realice una toma de tierras, se le caigan todos los beneficios del Estado como la Asignación Universal por Hijo o el IFE. Sino es como que cada uno hace lo que quiere”, sentenció Massa. Se trata de una política represiva contra el pueblo trabajador, que empujado a la ocupación de tierras para poder garantizarse la subsistencia ahora podría ser represaliado perdiendo lo poco que obtiene del Estado.

La cuestión instala otra crisis al interior del oficialismo. Hace poco, el dirigente papal del Triunvirato Cayetano, Juan Grabois, manifestó que el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, es el “permitido” represivo de un gobierno de tipo “progresista”. Sin embargo, parece ser que al gobierno no le gusta “hacer dieta”. Así lo demostraría también la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, María Eugenia Bielsa, cuando señaló que debía considerarse a la casi totalidad de las ocupaciones como “hechos delictivos”.

Mientras tanto, los intendentes y gobernadores desarrollan la línea de la represión y desalojos violentos a los trabajadores y su consecuente judicialización. Ahora, Massa incorpora la política del terror y las represalias para tratar de combatir un fenómeno en ascenso. En este cuadro, Grabois aparece como el “permitido” progresista de un gobierno de otra naturaleza: ajustador y represivo y en la senda del FMI.

Las amenazas de Massa y el oficialismo deben ser enfrentadas con una profunda y sólida organización de los trabajadores y desocupados para enfrentar cualquier intento de liquidar los derechos de los sectores más golpeados por la crisis. Es el lugar que hoy ocupa el Polo Obrero, en las barriadas obreras y en todo proceso de lucha que emprenda el pueblo trabajador.