El sábado 9 se reunió el Congreso de Trabajadores del Norte de Salta, convocado por la Comisión de piqueteros que dirigió el corte de ruta, el pasado mes de noviembre, en Mosconi.

Un cartel de fondo proclamaba: “Por una salida de los trabajadores a la crisis”. Para esto, los 200 trabajadores que responden a las organizaciones de desocupados que se han puesto de pie en los distintos pueblos del Departamento San Martín, se abocaron a una extraordinaria discusión que quedó reflejada en una única resolución general.

La resolución que presentó la mesa convocante fue repartida previamente, leída y aprobada en general. Posteriormente, se hizo el debate en particular de cada capítulo y allí se realizaron aportes diversos e importantes. La resolución resume la experiencia de lucha de los últimos años. Denuncia el carácter hambreador y entreguista del régimen político actual y su política frente al proceso de rebelión popular. En este sentido, caracteriza a las multisectoriales, los comités de emergencia y mesas de concertación, como mecanismos para someter a las organizaciones de lucha. En oposición a esta encerrona política, el Congreso votó la necesidad de construir organizaciones independientes del Estado. La resolución denuncia la política de soborno y compra de dirigentes y la Asamblea votó la expulsión de todo dirigente que traicione a los trabajadores.

La resolución contempla una suerte de estatuto para la Coordinadora de Trabajadores y Desocupados del Departamento San Martín. Su funcionamiento será en base a asambleas soberanas y de representantes mandatados y revocables; habrá elección de delegados de base en los barrios, un padrón único de desocupados y el control de las organizaciones de lucha de todas las concesiones que se obtengan, para evitar que los intendentes o los punteros del gobierno puedan valerse de los bolsones y planes Trabajar para generar divisiones y manipular compañeros. La prioridad para distribuir las conquistas que se vayan arrancando la tendrán los más necesitados en base a un padrón. Se decidió la salida de un boletín de la Coordinadora, cuyo primer número contendrá la resolución del Congreso.

El punto que llevó más tiempo y generó más intervenciones fue el del programa de reivindicaciones. Allí se aprobó el reclamo de un salario mínimo de 600 pesos o 3 pesos la hora, y el control por parte de la Coordinadora del acceso en los cargos a todas las empresas. La resolución reclama el tercer turno en las petroleras y el reparto de las horas de trabajo en todas las empresas. En relación a estos reclamos las organizaciones que integran la Coordinadora ya están luchando de manera concreta y con importantes éxitos (ver nota aparte).

Se incluyeron, asimismo, otras numerosas reivindicaciones inmediatas. El Congreso recogió el pliego de 21 puntos levantado en el corte de ruta de noviembre, donde se destacaba el reclamo de un fondo de 200 millones de dólares anuales impuesto a las petroleras en concepto de reparación histórica (Mosconi recibe solamente un millón de dólares anuales) y la triplicación de las regalías. Estos reclamos están concebidos como parte de la lucha por la reestatización de YPF bajo control de los trabajadores y para impulsar un plan de industrialización de los recursos petroleros y gasíferos, bajo control de los trabajadores.

En el debate del programa se planteó si se debía incluir el apoyo a los reclamos de las Pymes. Se alertó, sin embargo, que detrás de este planteo se podrían introducir los reclamos de las grandes empresas y que las Pymes, en muchos casos, son simples tercerizadas de los grandes pulpos, o están atadas a los intereses de éstos, y que descargan sobre los trabajadores todo el peso de esa dependencia. Se demostró en la práctica cómo, en el corte de ruta del año ’97, las Pymes madereras usaron la lucha de los trabajadores para obtener subsidios y cómo le dieron la espalda a la lucha cuando se trató de ir a fondo con los reclamos de los desocupados y demás sectores laboriosos. El planteo Pyme fue rechazado.

También el programa dejó esbozada una estrategia orientada a poner en pie una salida política de los explotados; llama para esto a poner en pie Asambleas Populares en oposición a los gobiernos patronales.

Se resolvió reclamar a las centrales sindicales un paro nacional de 72 horas, se ratificó el llamamiento a un Congreso Nacional de organizaciones de desocupados y se acordó concurrir al encuentro del Polo Clasista que se reunirá el sábado 16, en la Fatpren, para lo que se eligió una delegación de 10 compañeros. Paralelamente se decidió una jornada de movilización para el jueves 14, en cada pueblo, por la investigación, el juicio y el castigo a los asesinos de Aníbal Verón y demás compañeros; y, para el viernes 22, una jornada de movilización ante cada intendencia para presentar el pliego reivindicativo de la Coordinadora.

Para culminar, el Congreso aprobó fijar el 13 de mayo, fecha en que se produjo la gran pueblada de Mosconi y Tartagal, como el Día del Piquetero, para transformarlo en un día nacional de lucha.