Uno de los puntos más álgidos de la crisis política que envuelve a la coalición oficial es sin dudas la cuestión de los aumentos de luz y gas, en un contexto de miseria social creciente y encarecimiento de la energía que importamos, lo cual presiona por mayores subas en la boleta. El nuevo cuadro tarifario, a definirse en las audiencias públicas de la semana próxima, deberá contar con la firma de Federico Basualdo (subsecretario de Energía Eléctrica) y Federico Bernal (titular de Energas) para poder instrumentarse; ambos funcionarios pertenecientes al ala kirchnerista del Frente de Todos que se han mostrado críticos frente al esquema de quita de subsidios propuesto por Guzmán. 

Ahora bien, el kirchnerismo, lejos de rechazar que existan aumentos sobre los usuarios y denunciar que se ejecutan a libro cerrado, desconociendo los verdaderos costos de la cadena energética y a dónde fueron dirigidos los subsidios estatales destinados a las petroleras y empresas distribuidoras, se muestra partidario del gradualismo a la hora de aplicarlos. Es una postura absolutamente inconsistente, en la medida que no presentan un camino alternativo a pactar con el FMI y su programa del tarifazo permanente, de manera que declaman la necesidad de mantener un cierto nivel de subsidios energéticos pero sin explicar de dónde saldrían esos recursos dentro de los márgenes de ajuste que impone el Fondo y con un Estado en bancarrota.

Este sector ensaya una actitud opositora frente a los aumentos de junio debido a que toma nota de que el humor social no tolera un nuevo golpe al bolsillo en un cuadro inflacionario, con lo que intenta despegarse de los costos políticos del ajuste desplegando una fuerte demagogia. Por otra parte, pretende oficiar de portavoz de los sectores patronales que se verán afectados por estos aumentos y exigen mayores subsidios. Atendiendo a este reclamo empresarial es que Basualdo puntualizó en el informe técnico donde expresó su discrepancia con Economía que “para los grandes usuarios (empresas) que compran la energía directamente en el mercado mayorista, la suba podría ser superior al 90%, lo cual resulta contradictorio con los objetivos de crecimiento económico planteados en el acuerdo con el FMI”. A su vez, es consciente del destino incierto de las tarifas en un escenario mundial donde asciende el precio de la energía que importamos, con lo que se necesitaría de subas siderales en los servicios para alcanzar la reducción de subsidios energéticos que demanda el FMI.

La ausencia de un plan alternativo por parte del riñón kirchnerista se ve nítidamente en el documento de Basualdo, donde defendió la propuesta de segmentación tarifaria presentada por el ENRE, basada en criterios geográficos -la cual planteaba la eliminación de subsidios para 921.778 titulares de electricidad y 760.600 titulares de gas en el Amba-, limitando su crítica únicamente a la incorporación de parámetros socioeconómicos a la hora de definir qué usuarios pasarán a pagar la tarifa plena; apuntando sobre que “las políticas que se deberán aplicar al segmento residencial con quita total de subsidios no contempla el principio de gradualidad, como dijo la Corte Suprema”.

Lo cierto es que el problema de la segmentación reside en que será usada como “caballo de Troya” para aplicar un tarifazo generalizado. Como sus criterios estarán sujetos a modificaciones a lo largo del tiempo -definidas por el FMI en las revisiones trimestrales donde medirá el pulso del ajuste-, cada vez más usuarios serán añadidos al grupo poblacional sin boleta subsidiada. En ese sentido, trascendidos periodísticos dan cuenta de que el gobierno buscará alcanzar la meta de ahorrarse $65.000 millones en subsidios directos hasta fin de año, tal como acordó con el Fondo, extendiendo la estratificación geográfica que elaboró el ENRE para el Amba a “unas 9 regiones de todo el país; entre las que se incluyen el resto de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Entre Ríos, la Patagonia y el norte argentino” (Ámbito, 6/5). El kirchnerismo, entonces, no solo no desnuda este objetivo de fondo de la segmentación, sino que acuerda con implementarla con la salvedad de que la quita de subsidios se haga gradualmente.

Como señaló el legislador del PO-FIT Gabriel Solano en su editorial del 21/4, si Basualdo y Bernal ponen su firma al nuevo cuadro tarifario “la supuesta resistencia del kirchnerismo ante el ajuste del FMI perderá todo sustento; si en cambio deciden renunciar, la crisis política pegará varios saltos”.

Desde el campo de la izquierda y los trabajadores corresponde rechazar los tarifazos en las calles, exigiendo una recomposición del poder adquisitivo del salario, planteando un mínimo de $180.000 y aumentos atados a la inflación. Por otro lado, es necesario luchar por la apertura de los libros de toda la cadena energética, a fin de evaluar los costos reales y verificar cuál fue el destino de los subsidios millonarios recibidos por las empresas del rubro, para luego fijar tarifas acordes a las necesidades sociales, en el camino de nacionalizar bajo control obrero la industria energética en función de dirigir este recurso estratégico al desarrollo nacional y a dar respuesta a las necesidades populares. Romper con el FMI y repudiar la deuda usuraria están en el centro de este programa.

 

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