El gobierno ha salido a hacer una fuerte campaña con el tema de la vivienda. Ante el enorme problema social que significa la falta de 3,8 millones de viviendas (Perfil, 2/4) ahora promueve el endeudamiento masivo de la población en condiciones leoninas, lo que traerá aparejado una profundización del problema habitacional y la ruina económica de los deudores, mientras que los especuladores bancarios y de la tierra se llenarán los bolsillos.

 

En cuestión de pocas semanas, el macrismo relanzó el Procrear, largó créditos a 30 años desde el Nación, el Provincia y el Ciudad (los tres bancos oficiales más grandes) y anunció un plan para la construcción de 100 mil viviendas.

 

El eje de todas estas iniciativas es la creación de la UVA (Unidad de Valor Adquisitivo), que permite a los bancos -públicos y privados- tomar depósitos y dar préstamos indexados con el índice de inflación del Indec. El banco recibe el dinero de los ahorristas a los que paga con la inflación más una tasa fija del 0,1% mensual mientras que los presta cobrando la inflación y una tasa fija de entre el 4,5% y el 8% anual (0,35% a 0,65% mensual).

 

Este mecanismo de indexación recuerda al de la Circular 1050, emitida por el Banco Central durante la última dictadura, que indexaba las deudas según la tasa de interés promedio que pagaban los bancos por plazos fijos a 30 días. Como esas tasas se mantuvieron muy por encima del incremento salarial, la 1050 se convirtió en una herramienta de expropiación real de los deudores.

 

El trabajador que toma estos créditos corre con todos los riesgos. El primero y más evidente: que su salario suba menos que la inflación. Es muy cínico de parte del gobierno la promoción, como solución al problema de la vivienda, de créditos cuya viabilidad depende de que el salario suba más que la inflación, al mismo tiempo que impone techos salariales con lo que consagra la pérdida del poder adquisitivo del salario del año pasado e insiste con lo mismo para este año.

 

La norma del Banco Central que lanzó la UVA prevé que si esa diferencia supera los 10 puntos porcentuales el banco debe prorrogar los plazos de forma que la relación cuota-salario vuelva a ser del 25%. Esto condena a las familias trabajadoras a quedar encadenadas de por vida al crédito.

 

Pero así y todo este mecanismo tienen límites: la prolongación del crédito sólo puede ser por un 25% del plazo original: por caso, si éste era de 30 años, puede estirarse 7,5 años más. Luego, el deudor deberá resignarse a que la inflación supere su salario sin posibilidad de pataleo.

 

Mientras no se llega a esa diferencia de 10 puntos entre inflación y salario, el trabajador verá cómo el crédito carcome sus ingresos ya corroídos por la suba general de precios, sin derecho de apelación.

 

Tampoco prevé ninguna alternativa en caso de que el trabajador pierda el empleo. Los bancos ‘recomiendan’ a los deudores que contraten seguros que cubran esa eventualidad, lo que significa un nuevo negocio financiero a costa de los ingresos de la población. Y en caso de que el trabajador caiga en defol, se aplica el nuevo código civil y comercial kirchnerista que facilita los desalojos.

 

Es decir, para solucionar el problema habitacional de los trabajadores el gobierno desarrolló un nuevo instrumento financiero que beneficia a la especulación. A los bancos les elimina el riesgo de que el capital pierda valor por la inflación, el que queda en su totalidad sobre las espaldas del deudor hipotecario.

 

El gobierno y los bancos han enfatizado que las cuotas serán bajas, lo cual es cierto, pero podrían ser más bajas aún si no fuera que hasta el 80% de la cuota es para pagar los intereses. Es decir, los plazos de pago del préstamo UVA son artificialmente largos porque las cuotas son, en su enorme mayoría, intereses. Y, a diferencia de otros esquemas de pago de deuda, como el capital se ajusta mes a mes por la inflación, la parte de la cuota que corresponde al interés se mantiene constante.

 

Los bancos, además de sacarse de encima el riesgo inflacionario, reciben varias prebendas. En primer lugar, cuentan con la posibilidad de “'securitizar' las hipotecas -armar un paquete y ofrecérselas a inversores–, el mecanismo que disparó la crisis 'subprime' en los Estados Unidos y la de las hipotecas en España porque esos paquetes estaban llenos de 'bonos basura' y no había requisitos para otorgar las hipotecas” (ídem). Los bancos están buscando endeudar a asalariados con ingresos desde los 8000 pesos por mes, por debajo de la línea de pobreza.

 

El gobierno ha prometido, además, reducir la alícuota de Ingresos Brutos que deben pagar los bancos a los gobiernos provinciales, desde el 7,5% actual del monto total del contrato al 1,5 por ciento. La Legislatura porteña y la bonaerense serán las primeras en discutir este planteo, que incluirá, como “gancho”, la reducción del mismo porcentaje de Ingresos Brutos en el valor de las cuotas (La Nación, 2/4).

 

En el caso de las empresas de construcción, el gobierno prometió “una ley de Promoción del Sector de la Construcción dentro de la reforma tributaria integral que prepara el Gobierno para 2018”, que incluye fuertes beneficios fiscales (ídem).

 

La burocracia de la Uocra, pieza fundamental del plan, comprometió una reducción del ausentismo y colaboración para lograr mejoras en la productividad (ídem). 

 

Para que no queden flancos sueltos, el gobierno ya anunció que reformará el proyecto de ley de alquileres que ya cuenta con media sanción del Senado. Ese texto plantea la actualización de los alquileres por un mix de la inflación y la suba de salarios. El macrismo quiere que la actualización sea solo por UVA, es decir, la inflación.

 

Nuestro planteo es:

 

-Que el Estado disponga una masa de recursos monetarios para la puesta en marcha de un plan de viviendas que solucione de manera integral e inmediata el actual déficit habitacional.

 

-Que esos recursos provengan de la aplicación de impuestos a la renta de las grandes fortunas privadas y corporativas.

 

-Que esos recursos se centralicen en una banca única estatal, bajo control de los trabajadores y los tomadores de créditos y se presten a tasa cero.

 

-Que se cree un banco nacional de tierras urbanizables que elimine la especulación y ponga la tierra al servicio del plan de construcción de viviendas.

 

-Que las cuotas a pagar no superen el 20% del ingreso.