El sábado 11, una brava columna del PTS se acercó, en completa soledad según su costumbre, para llevar la solidaridad a los ocupantes del Indoamericano. Cuando la policía les bloqueó el camino, aceptaron la alternativa de limitar el ingreso al predio a diez personas, acompañadas por un pelotón de la ‘yuta’. El PTS llevó a cabo, así, su cometido, con la protección de una guardia real.

Es necesario tener presente esta perspectiva política a la hora de examinar la oposición insistente de este grupo, a la denuncia de las ‘zonas liberadas’ de la policía para que se consumen asaltos, robos, asesinatos de la patota sindical, o de las que operan en Soldati.

Se trata de verborragia revolucionaria, para delimitar un territorio de secta, o sea sin principios. El grupo en cuestión arguye que denunciar una ‘zona liberada’ equivale a reclamar ‘más policía’, una suerte, diríamos nosotros, de ‘seguridad democrática’ )lo que hizo el PTS, precisamente, para poder entrar el Indoamericano). Pero denunciar una ‘zona liberada’ es, antes que nada, una denuncia de la complicidad de la policía con los crímenes políticos y sociales, no un pedido de absolución. La denuncia socava la autoridad de las fuerzas de represión y desarrolla la conciencia de su rol y de la necesidad de proteger las luchas populares mediante la auto-organización. El palabrerío hueco de la secta conspira contra la lucha contra el aparato represivo y contra el desarrollo de una conciencia de clase sobre el Estado.

El rol de las fuerzas represivas no puede abstraerse del carácter del gobierno que las utiliza; en Argentina, esa suerte de frente popular que es el kirchnerismo, y que pretende que puede democratizar a la policía. La presencia de ‘zonas liberadas’ refleja una desintegración parcial del Estado y del gobierno ‘populista’; o sea, su incapacidad para llevar adelante su programa policial ‘sui géneris’. Exponer esta desintegración y la incapacidad del gobierno ‘popular’ es una tarea de primer orden para desarrollar la independencia de clase y llamar la atención hacia los elementos prerrevolucionarios que se desarrollan en la situación política. En numerosas ocasiones, la ‘zona liberada’ ha sido la expresión de la transición de la democracia burguesa al fascismo, o hacia el golpe de Estado; ningún socialista podría dejar jamás de denunciar esta situación. En Río Gallegos, la represión política en la calle ha sido tercerizada en favor de la patota de la Uocra. En Soldati, la zona quedó ‘liberada’ cuando colapsó políticamente la represión policial que había dejado dos muertos: un microcosmos del tránsito de la represión democrática mortal, a la mortal represión de las patotas. El PTS suple su incapacidad para analizar de forma concreta situaciones concretas, con esquematismo.

La secta en cuestión no parece haber reflexionado que sin la denuncia de ‘una zona liberada’, no podríamos reclamar el juicio y castigo de la policía en el caso del asesinato de Mariano Ferreyra, los abogados del PTS deberían ilustrar un poco mejor a sus mandantes. La ‘zona liberada’, en este caso, es la expresión de la complicidad de la policía con Ugofe y Pedraza.

En el caso de las luchas sociales, las ‘zonas liberadas’ surgen de un pacto de la policía con la burocracia de los sindicatos. ¿Cómo se podría luchar contra la burocracia sindical sin denunciar este pacto represivo, y la tercerización de la represión que emana de ella? El PTS plantea una oposición de ‘principios’ a la denuncia, sin importarle la respuesta concreta que esperan los trabajadores. La denuncia de la ‘zona liberada’ no puede ser interpretada como un llamado a que la policía, que ha armado esas ‘zonas’, retorne a su función ‘legal’: nadie convoca al asesino a investigar el crimen. Es un llamado a desmantelar el aparato represivo y a la reflexión sobre las vías concretas para realizarlo.

No se puede excluir, por todo esto, que en circunstancias excepcionales, o sea de mayor desintegración del Estado y de movilización sin precedentes de los explotados, se desarrolle en la policía una oposición democratizante a las estructurales vigencias y a sus camarillas. Un partido revolucionario debería encarar esta circunstancia en términos concretos, para unir esa rebelión en el seno de la institución represiva a la rebelión popular, en función de un cambio integral del Estado.

El PTS se opuso, antes de firmar, a una declaración que denunciaba la ‘zona liberada’ de Barracas. Esperemos que esto no lo lleve a boicotear el reclamo para que la policía sea llevada al banquillo de los acusados en el juicio por el asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra.