El Tribunal Oral Federal N° 4 votó una condena de 12 años para el empresario Lázaro Báez, socio económico del matrimonio Kirchner, así como condena menores para una serie de familiares, socios y empleados. El Tribunal considera haber probado la operación de evasión fiscal y maniobras de lavado de dinero sobre 61.130.860 dólares y 4.174.697 pesos. Si bien a Cristina Fernández de Kirchner ya se le había dictado falta de mérito en relación a esta causa, los fundamentos que el Tribunal votó podrían agravar su causa relativa a las obras de Vialidad, donde Báez y Fernández de Kirchner comparten el procesamiento, al considerar que esta suma de riqueza fugada provenía de la obra pública.

El fallo tuvo un voto en disidencia, de la jueza Gabriela López Iñiguez, que varios medios han señalado como cercana al kirchnerismo por sus votaciones en otros fallos, que acordó con la condena, pero se diferenció en penas y fundamentos. La jueza dio a conocer un texto donde desarrolla que “Lázaro Báez amasó una fortuna en dinero negro, millonaria en dólares, producto de la defraudación tributaria, que luego escondió en diversos sitios que abarcaron desde guaridas fiscales offshore a la simple acumulación de dinero físico, trasladado mediante bolsos en vuelos privados a Buenos Aires para ser finalmente externado mediante cuevas financieras de la city porteña”. La jueza sin embargo considera que es muy alta la condena y que existe “una desproporción en las penas entre el cliente (Báez) que usa cuevas, financieras y agentes de bancos internacionales para ocultar dinero y los dueños de esas cuevas, financieras y bancos internacionales” (Página/12, 25/2).

En una línea argumentativa similar, salió a declarar a los medios el legislador Oscar Parrilli, mano derecha de Fernández de Kirchner: “¿Saben por qué lo condenan a Lázaro Báez? Porque es morocho, porque es de tez oscura, porque es amigo de Néstor Kirchner y porque no forma parte del círculo áulico de empresarios amigos del poder, muchos de ellos relacionados con los medios de comunicación”. Aunque muchos medios interpretaron el tema como un intento de encuadrar la condena en una discriminación racial, lo que está planteando es el trato diferenciado en la justicia entre Báez, un contratista que creció en sus negocios con el Estado por la influencia política de los Kirchner con la llamada “patria contratista” que viene amasando fondos estatales desde la dictadura militar, pasando por gobiernos de distintos signos políticos. Parrilli detalló incluso que Gianfranco Macri, hermano del expresidente, blanqueó un monto similar en ocasión de la Ley de Blanqueo que este impulsó.

Los argumentos de López Iñiguez y de Parrilli no plantean, entonces, la inocencia de Báez, ni tienen una explicación alternativa de los montos millonarios que sacaba el país por distintos mecanismos. La queja se centra en que no existen reglas de juego comunes dentro de la burguesía, y que algunos logran hacer valer un manto de impunidad escandaloso, mientras otros sufren condenas por un ejercicio de corrupción equivalente.

La oposición que realiza Parrilli entre Báez y los empresarios de la patria contratista no deja de estar forzada. Báez, aunque había ingresado mucho después al club, había participado, en su proporción, del mismo cartel de negocios que los Roggio, Macri y Rocca. Báez se asoció con Ángelo Calcaterra, titular de IECSA, del Grupo Macri, para muchos proyectos, entre ellos, el siempre demorado soterramiento del Ferrocarril Sarmiento y una licitación para dos represas en Santa Cruz para la cual, según se ventiló en este juicio, Báez hizo reingresar al país una parte importante de los millones de dólares lavados que estaban involucrados en este juicio.

Todas estas empresas estaban fuertemente implicadas en la llamada “causa del cuaderno” que seguía la ruta de los sobornos entregados al Estado para licitar obra pública sobrefacturada. Paolo Rocca y Ángelo Calcaterra se declararon “arrepentidos” por sus sobornos y no pasaron ni un día en prisión. Evidentemente hay una manipulación de estos procesos judiciales. Pero esto no puede esconder que estamos frente a elementos de un entramado mafioso común

¿Báez preso político?

Esta argumentación permite analizar en qué consiste la lawfare que el kirchnerismo, sus medios de comunicación y la defensa de Báez levantan como explicación para el desarrollo de estas causas.

¿Qué sería lawfare? El término resulta de la combinación de las palabras inglesas para ley y guerra, y consistiría en la posibilidad de deponer o condicionar gobiernos mediante la manipulación de la justicia. El método ha jugado efectivamente un rol en la lucha interburguesa en la región, por ejemplo en el golpe parlamentario contra Dilma Rousseff y la proscripción de Lula en Brasil.

En Argentina, la ruptura en la burguesía que se generó en la crisis del campo en 2008 abrió una división profunda en la justicia, los servicios de inteligencia, los medios de comunicación y otros instrumentos de dominación de la burguesía. Estos recursos, que mientras reinaba una relativa armonía dentro de la clase dominante, eran presentados como neutrales, independientes o imparciales, se transformaron en el botín y la plataforma de una larga y sangrienta batalla entre distintas camarillas patronales que se ha prolongado de los gobiernos de CFK, al de Macri, al actual de Fernández-Fernández.

Durante el menemismo, los actuales integrantes del Frente de Todos (el 95% de los cuales revistaban en sus filas) no denunciaban en ese momento la manipulación de la justicia en función de intereses particulares. En ese momento la manipulación en función de la impunidad reflejaba intereses mucho más generalizados de la burguesía argentina, y por lo pronto de los funcionarios pejotistas que hoy recurren a teorías “izquierdistas” para defenderse de sus causas por corrupción. No hay un paso de una justicia imparcial al lawfare. Solo hay una división de la burguesía, agravada por la crisis capitalista, que genera choques dentro del Estado y crisis políticas recurrentes.

Hay cientos de poderosos que son igual de culpables que Báez pero han logrado una mejor protección del Estado. El fallo contra Báez es un episodio más de la guerra judicial entre kirchneristas y macristas, que expresan a distintas fracciones de las clases dominantes que actúan en el país. La operación para presentar a quien se ha enriquecido con fondos que han sido negados para incontables urgencias populares como un preso popular debe ser rechazada por los trabajadores.

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