El proyecto tiene como finalidad aportar a la lucha contra los bloqueos político-religiosos y presupuestarios a la implementación de una educación sexual laica, científica y respetuosa de las diversidades sexuales y de género. Para ello, la eliminación del artículo 8 es una clave fundamental ya que es el artículo que encuentra su homólogo en el artículo 5 de la ley nacional 26.150, el cual plantea una ESI “adecuada” al ideario institucional. En otras palabras, el artículo refiere a la injerencia de las Iglesias en la Educación. Cabe destacar que el proyecto de modificación de la ley nacional fue presentado en 2018 en el Congreso Nacional por Romina Del Pla, el cual fue frenado por los bloques mayoritarios de todos los colores políticos.

La legisladora porteña fundamenta el proyecto sobre el reclamo de les estudiantes, quienes han colocado la exigencia de la implementación de la ESI en la lucha contra las reformas antieducativas y como parte de la enorme marea verde que conquistó en las calles el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. En el proyecto se propone la ESI como materia con espacio curricular propio y contenidos transversales en todos los niveles obligatorios y en todas las modalidades del sistema educativo público de gestión estatal y de gestión privada, y en todas las carreras de formación docente, dependientes del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además, se establece la selección de los contenidos con la participación de les estudiantes, docentes, sindicatos y organizaciones de mujeres y diversidades.

Amanda Martín, quien realizó un reconocimiento profundo de la labor militante de la docencia que se organiza y lucha por la implementación de la ESI en las escuelas, resaltó lo actuado por la docencia durante el periodo de ASPO en este sentido ya que fueron quienes sostuvieron los puentes pedagógicos incluso con recursos propios. Dicho proyecto dialoga directamente con el presentado desde la banca vinculado a la creación del cargo de les actuales docentes referentes de ESI, y los de la quita de las exenciones impositivas a la Iglesia y la expropiación de la tierras condonadas por parte del Estado al clero.

A 15 años de la sanción de la ley de ESI, la asociación de las Iglesias con el Estado permite la injerencia clerical en la educación en general y en la implementación de la ESI en particular. El Estado y sus gobiernos tanto a nivel nacional como en distintas jurisdicciones recortan presupuesto a la educación en su conjunto, pero también en relación a la implementación de la ESI favoreciendo una política contraria no sólo a la ESI sino a los derechos de las mujeres, diversidades, infancias y juventudes. La implementación de una ESI laica, científica y respetuosa de las diversidades es necesaria para promover, entre otros, el cuidado y vínculos libres de violencias.

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