Sin que medie un debate en una reunión de asesores que afine y dé lugar a la presentación de las motivaciones que orientaron cada proyecto de asignaciones familiares, el bloque mayoritario de Juntos por el Cambio convocó de manera apresurada una reunión conjunta de diputados de las Comisiones de Legislación del Trabajo y la de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria con el objetivo de poner en tratamiento los cuatro proyectos de aumento: el presentado por el Poder Ejecutivo, el de María Rosa Muiños (PJ), el de Sergio Abrevaya (GEN), y el de la legisladora del Partido Obrero-FIT-U Amanda Martín, con la coautoría de la legisladora Mercedes De Mendieta y Pablo Almeida de Izquierda Socialista- FIT-U.

Cuatro proyectos y dos orientaciones opuestas

Los trabajadores dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA) tienen congelados los montos de las asignaciones familiares desde el  año 2014; desde entonces la inflación acumulada ronda el 1.000%. La maniobra electoral del GCBA, con apoyo directo de Alejandro Amor, candidato del Frente de Todxs y cabeza del Sutecba, se monta sobre un reclamo extendido entre los colectivos de trabajadores de la Ciudad, pero encubriendo un nuevo ajuste: no sólo fija un techo de $114.000 de salario bruto para acceder a tal derecho, sino que también condiciona la movilidad, dado que esta sería semestral, bajo la combinación de la pauta salarial establecida en los ámbitos de la salud, la docencia, la carrera de administración pública, Carrera de Enfermería y Especialidades Técnico Profesionales de la Salud.

Es decir que en el marco de las paritarias a la baja, con salarios atrasados y postrados ante la inflación, bajo esta égida los aumentos estarán destinados a no representar actualizaciones significativas. En el caso docente, por ejemplo, el techo de $114.000 significaría una restricción para la gran mayoría del magisterio, quienes deben trabajar en dos o más cargos para cubrir el costo de la canasta familiar.

Por otra parte, el Ejecutivo establece una asignación especial, por única vez, de un monto de $18.000 para aquellas trabajadoras que presenten denuncia policial o judicial por violencia de género (!). El GCABA nuevamente expone a las trabajadoras al derrotero revictimizante que plantea en múltiples casos intentar radicar una denuncia. Una verdadera impostura para un gobierno que mantiene a la mayoría de trabajadoras de la Dirección General de la Mujer con salarios de miseria y bajo la máxima precarización laboral negándoles al pase a planta permanente, mientras cierra Centros Integrales de la Mujer (CIM).

El proyecto del PJ, en tanto, es un cheque en blanco al GCABA y ata las actualizaciones a los presupuestos anuales. Se desentiende de los recortes sistemáticos que año a año se traducen en presupuestos a la medida de los ajustadores y que no sólo han significado el congelamiento de la seguridad social sino que han repercutido también en salarios por debajo de la inflación. Paradigmático es que quien encabeza la lista del Frente de Todxs en CABA apoya el proyecto del Ejecutivo.

Sin embargo, la conducción sindical de UTE-Ctera está alineada con el proyecto pejotista, sin mandato docente que la respalde. No ha generado en torno a un reclamo de años, ninguna instancia de participación ni ha escuchado la voz de las escuelas. Por el contrario, Angélica Graciano y Eduardo López, quienes dejan pasar sin pena ni gloria los ajustes en el presupuesto educativo y salariales, ahora levantan un proyecto que somete las asignaciones familiares al yugo de los recortes presupuestarios.

En tanto, el proyecto de Abrevaya, enemigo conocido de la docencia por haber sido partícipe directo en la eliminación de las Juntas de Clasificación Docente, plantea una movilidad trimestral que combina el 70% del índice de los aumentos de precios elaborados por la Dirección de Estadísticas y Censos del GCABA y el 30% de las cifras del Ripte, es decir la remuneración promedio sujeta a aportes; o sea que el aumento salarial en negro o grises no impactaría en la movilidad.

El proyecto del FIT-U

El proyecto presentado por el bloque PO-FITU es el que marca la diferencia. Expresa en su letra la elaboración colectiva por parte de trabajadores docentes, municipales y personal del área de la salud, quienes efectivamente vienen reclamando contra los montos irrisorios a los que el gobierno sometió a las asignaciones familiares. El  proyecto que cuenta con el apoyo del combativo sindicato docente Ademys y agrupamientos de la salud y municipales establece una actualización de los montos atados compensando la suba inflacionaria desde el año 2014 y a partir de allí establece el aumento mensual en base a la variación que mes a mes traza el Índice de Precios al Consumidor de la Dirección de Estadísticas y Censo del GCABA, para evitar nuevos desfasajes, todo esto bajo la comprensión de que dichas actualizaciones deberían ir a la par de la suba inflacionaria, teniendo en cuenta que la interanual asciende al 50,2%.

Este es el proyecto que defenderemos en la perspectiva más general de la lucha por el salario que cubra el costo de la canasta familiar, un plan de asignaciones familiares acordes a cubrir las necesidades en cada caso, el pase a la carrera profesional de enfermerxs, y contra el ajuste salarial y presupuestario.

La orientación social de cada proyecto coloca a cada quien del lado de les trabajadores del GCABA o en favor de la creciente pauperización de sus condiciones de vida. Nuestro compromiso inquebrantable con el conjunto de trabajadores municipales es la defensa de los derechos y conquistas.

 

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