El pasado martes 24, en la Comisión de Mujer, Infancias, Adolescencia y Juventud de la Legislatura porteña, comenzó el tratamiento del proyecto de ley presentado por la legisladora Amanda Martín, del bloque del Partido Obrero en el FIT-U, el cual tiene como objetivo terminar con la precariedad laboral de las, los y les trabajadrxs de la Dirección General de la Mujer, quienes se dedican a la atención de víctimas de violencia de género, y a colaborar en la erradicación de los procesos de revictimización que atraviesan.

Lejos de reconocer la importancia de la tarea que prestan estxs trabajadorxs, el gobierno garantiza la precariedad laboral y salarios muy por debajo del a canasta básica, llevando a que estxs profesionales deban recurrir a otras fuentes laborales que les permita aproximarse a cubrir el costo de vida. No sorprende por parte de una gestión que de conjunto maneja alrededor de 28.000 trabajadores municipales con contratos precarios.

En la reunión de Comisión de Asesores, Juntos por el Cambio embelleció su política de precarización laboral y de ausencia de medidas reales en relación a favorecer la lucha contra la violencia contra mujeres, diversidades, infancias y juventudes, y esgrimió como argumento contrario al reclamo de los sectores de trabajadores estatales: que no corresponde a la Legislatura la discusión sobre la planta de trabajadores de los organismos estatales, sino solamente la cuestión relacionada a los recursos y partidas presupuestarias que se destinan a los mismos. Solo las autoridades de los organismos pueden definir los lineamientos a seguir en relación a medidas hacia la población porteña y a les trabajadores de la CABA. Un despropósito cínico ya que la Ley de Empleo Público (471) estipula la realización de concursos para el ingreso a la planta permanente del GCBA, pero no se cumple. Además, el argumento, sobradamente, es la constatación de la desinversión presupuestaria en las áreas sensibles que importan al pueblo trabajador.

Cabe destacar que el bloque legislativo que responde a la fuerza gobernante en CABA ha desestimado el reclamo de la creación de un CIM en el barrio del Bajo Flores, pese al crecimiento de la violencia de género, con argumentos similares, a pesar de las cifras escalofriantes de femicidios y transvesticidios: más de 187 en lo que va del año y alrededor de 152 pibis hijes de las víctimas.

Son Larreta y su séquito de políticos ricachones quienes se llenan la boca hablando de la gestión en materia de género pero son quienes le niegan a las mujeres de las barriadas y sectores populares la posibilidad de acceder a una atención de profesionales que no sean sometides a la violencia institucional que el propio GCBA promueve y reproduce.

La responsabilidad estatal nuevamente se muestra con crudeza ante un flagelo que se profundiza al ritmo del crecimiento de la pobreza. Llamamos a apoyar el proyecto presentado y a participar de la radio abierta frente a la Legislatura con este reclamo.

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