El pasado miércoles 10 de junio la Legislatura de Córdoba aprobó un masivo uso de cámaras policiales en toda la provincia. La medida se establece mediante la modificación de ley 9.380, que regula el tratamiento de imágenes y sonidos que captan las fuerzas de seguridad en todo el territorio de la provincia. Cabe desatacar que el 81% de la población se encuentra bajo video vigilancia durante las 24 horas del día.

Según lo sancionado en la Legislatura, ahora los municipios y comunas tendrían acceso a las imágenes no solo para el control social sino para desarrollar una mayor recaudación. En momentos en que los Estados se encuentran en crisis, pretenden subsanar sus cuentas con un nuevo zarpazo a los contribuyentes de la mano de las foto multas.

En Córdoba funcionan 2.259 cámaras de las fuerzas de seguridad, de las cuales 1.100 están instaladas en la capital, y el corredor de las sierras chicas (las ciudades de La Calera, Villa Allende, Mendiolaza y Unquillo). Las 1.159 restantes se encuentran repartidas en 102 municipios del interior.

Hasta esta modificación el control solo estaba en manos de las fuerzas represivas del Estado. La aprobación de la modificación de la ley contó solo con el voto positivo del bloque oficialista.

Al respecto, la legisladora del Frente de Izquierda, Soledad Díaz, cuestionó la norma planteando que “van a transformar a la provincia en un Gran Hermano para controlar a los ciudadanos mientras el Poder Ejecutivo no tiene control”.

“Es falso que el planteo sea para terminar con los problemas de seguridad. En la Capital no hay luminarias, no hay desmalezamiento, y que se venga a arengar esta iniciativa bajo el lema de una ciudad inteligente, creando un Estado al que nadie controla. Deberían empezar por controlar el aparato represivo vinculado al narcotráfico, al robo de automóviles, a la prostitución”, concluyó Soledad Díaz.

Estamos ante una nueva avanzada sobre el derecho a la privacidad de la población. Con esta medida también se pretende reforzar la política de Schiaretti de imponer un Estado policial al servicio de atacar las luchas que se ponen en pie contra las medidas de ajuste.