El proyecto, presentado por la legisladora Amanda Martin, plantea una serie de puntos que buscan atender el problema del acceso a la vivienda y contra la especulación inmobiliaria.

Entre los puntos más importantes que aparecen en el articulado podemos encontrar que se destinará un presupuesto extraordinario para atender lo que la ley resuelve, la creación de una comisión de tierras públicas enajenadas que revise las ventas de tierras e inmuebles públicos de los últimos años realizadas por la legislatura, y en caso de que esto haya sido en detrimento de la población porteña, serán integrados a un banco de tierras que se destinarán a espacios verdes públicos y a la construcción de viviendas para los trabajadores, según lo determine la comisión. Esta comisión estará integrada por representantes de organizaciones sociales con intervención en las villas, organizaciones de inquilinos, organizaciones ambientales, organizaciones en defensa de personas con discapacidad y profesionales de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA, mientras que los diputados de la legislatura de la CABA podrán participar como veedores.

En el artículo 4 se establece la creación de un impuesto a la vivienda ociosa, donde lo recaudado se destinará al cumplimiento de esta ley. Este impuesto será para los inmuebles deshabitados durante 12 meses consecutivos, los cuales no se pueda constatar su cesión para alquiler a terceros, no hayan sido declarados como domicilio de ningún ciudadano de la CABA, registren un consumo mínimo de los servicios públicos y otros mecanismos que se determinen a futuro. El impuesto será progresivo tanto por el valor de la vivienda como por la cantidad de viviendas que posea el propietario, variando entre un 6 y un 10%, de acuerdo a su valor, y multiplicándose sucesivamente por 1,1 veces a medida que la cantidad de propiedades aumente. Asimismo se eliminará el impuesto a la vivienda única para quienes posean un único inmueble en todo el país de un valor de hasta 4 millones de pesos. Se plantea un impuesto a los acaparadores inmobiliarios: personas físicas o jurídicas que tengan más de 3 propiedades en la ciudad, quienes a partir del cuarto inmueble pagarán un 10% más, aumentando 5 puntos porcentuales a medida que aumente la cantidad de propiedades, sin que esto pueda ser trasladado al alquiler de un eventual inquilino.

En el artículo 7 se contempla la creación de un plan de viviendas populares en el banco de tierras mencionado anteriormente, a partir de los datos relevados en un censo que evaluará las necesidades de los habitantes de la CABA y de los trabajadores del gobierno de la Ciudad. Una comisión determinará la asignación, el tipo de vivienda y el orden de prioridades para asignar dichas viviendas, mientras que el precio de las mismas estará determinado por el costo de su construcción. Con respecto al financiamiento para acceder a estas viviendas, el GCBA, a través del Banco Ciudad, otorgará créditos para la población de la ciudad y para sus trabajadores, cubriendo el 100% del valor de la vivienda, con plazos de pago de hasta 20 años, tasas de interés que contemplen el aumento de los ingresos de los trabajadores y cuyas cuotas no superen el 25% de los mismos.

En el penúltimo artículo queda planteada la creación de una comisión de negociación del precio de los alquileres, compuesta por representantes de inquilinos y propietarios electos por el voto de sus representados y teniendo que haber al menos un representante por comuna. Esta comisión deberá reunirse de forma anual para determinar el precio del alquiler por metro cuadrado en cada comuna.
Por último, en el artículo 10 se crea una autoridad de aplicación que reúna el plan de urbanización de todas las villas y asentamientos de la capital, incluidas las que no cuenten con una ley propia sobre el punto, que estará compuesta por representantes de organizaciones sociales con intervención en villas y vecinos electos de cada barrio.

Estos puntos buscan reflejar un problema creciente en la Ciudad de Buenos Aires, que como otras ciudades del mundo viene sufriendo un proceso de acaparamiento de tierras e inmuebles por parte de grupos de especuladores y con la complicidad de todos los gobiernos y partidos patronales. El encarecimiento del suelo y de la tierra hace que se vuelva cada vez más difícil para los trabajadores seguir viviendo en la ciudad terminando por expulsarlos de la misma. Desde el Partido Obrero en el Frente de Izquierda-Unidad, usaremos nuestras bancas para impulsar la lucha por el derecho a la vivienda y para que la crisis habitacional no la paguemos los trabajadores sino los capitalistas que la generaron.