Con la presencia de 30 legisladores porteños, faltó solo uno para reunir el quórum y lograr llevar adelante la sesión especial para derogar el impuesto a las tarjetas de crédito que fijó Horacio Rodríguez Larreta hace dos años. Los voceros del PRO se llenan la boca hablando de reducir impuestos, pero allí donde gobiernan solo bajan para los grandes empresarios mientras los incrementan para los trabajadores.

En el oficialismo incluso barajaban distintas maniobras para evitar la derogación: García Moritán presentó un proyecto de eliminación con una cláusula que solo se aplicaría en caso que la Corte Suprema falle a favor de CABA en relación a la quita de la coparticipación. Una impostura. El faltazo a la sesión incluyó hasta la Coalición Cívica que conduce Carrió, barriendo con su propio discurso sobre estos gravámenes.

El bloque de Larreta decidió no venir a la sesión especial para eliminar el impuesto a las tarjetas de crédito. Ahora ya sabés que cuando Larreta dice que quiere reducir la carga impositiva miente. pic.twitter.com/EiI9bzYfLa

— Gabriel Solano (@Solanopo) October 13, 2022

El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires impuso a fines del año 2020 una nueva carga impositiva sobre quienes viven y trabajan en la CABA. Se trata del impuesto a las tarjetas de crédito, que grava todos los consumos –incluso aquellos que son refinanciados por imposibilidad de pago- con una alícuota del 1,2%. Se gravan aquellos pagos realizados con tarjetas emitidas en sucursales de CABA, por lo que también se ven afectados trabajadores que residen en otras provincias.

Se trata de un impuesto regresivo, que tiene una carga mayor sobre las personas de menores ingresos y particularmente sobre aquellos que deben recurrir a la refinanciación de los pagos de las tarjetas producto de la imposibilidad de su pago, que además conlleva una tasa de interés completamente usuraria. Es decir que Larreta optó por descargar sobre los trabajadores este impuesto, con la excusa de la reducción de la coparticipación. La misma política de “presión impositiva” que sigue el Frente de Todos a nivel nacional y los gobernadores peronistas, siguiendo el libreto que dicta el FMI.

El gobierno porteño no atiende las necesidades de la población trabajadora, sino que orienta los recursos de la Ciudad hacia beneficios empresariales, tales como exenciones impositivas, el fomento a la especulación inmobiliaria y un desmedido uso del presupuesto para promocionar a su fuerza política mediante la publicidad oficial.

La contracara de ello es una población cada vez más empobrecida, con menos y peor trabajo, con sueldos por debajo de la canasta de pobreza -sobre todo aquellos dependientes del GCABA-, un incremento de la emergencia habitacional -y su consecuente crecimiento de villas y asentamientos-, el deterioro permanente de la salud y la educación públicas, por mencionar algunos ejemplos.

Desde el Partido Obrero en el Frente de Izquierda fuimos impulsores de esta sesión para eliminar dicho impuesto regresivo, por tratarse de un ataque a las condiciones de vida de los trabajadores.

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