En la sesión del jueves 9, en la Legislatura, se produjo un fuerte debate con respecto a la gran jornada de paro y movilización del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

 

Se trataron tres cuestiones: la detención de mujeres en la Comisaría 9ª, en las cercanías de Plaza de Mayo, antes y después de la marcha; la cuestión del atraso en la reglamentación de la ley que ordena la construcción de Centros Integrales de la Mujer (CIM) en todas las comunas y una propuesta de declaración de los bloques del PRO y Losteau de “preocupación por la violencia hacia la mujer”.

 

En su intervención, Marcelo Ramal anunció que el bloque del Frente de Izquierda pedirá la interpelación del ministro de Seguridad, Martín Ocampo, por la represión y la detención a las más de 20 mujeres y por los agravios que sufrieron en la comisaría. “Hay que decir las cosas como son: el Estado y el gobierno son responsables, y terminar con el encubrimiento  y las declaraciones vacías”.  El bloque kirchnerista, en cambio, pataleó con que "esa no es la policía que votamos", para encubrir que con su voto apoyaron un reforzamiento represivo.

 

Mientras el gobierno del PRO quiere auto-encubrir a su propio gobierno haciendo votar declaraciones que plantean “preocupación por los casos de violencia de género”, el bloque del Frente de izquierda presentó una declaración que reclama el cumplimiento de la Ley que establece la creación de un Centro Integral de la Mujer (CIM) por cada comuna de la Ciudad.

 

Esta iniciativa, de autoría de Ramal, fue aprobada en diciembre de 2015 pero el ejecutivo no se ha dispuesto a reglamentarla.

 

Mientras la violencia –doméstica e institucional– hacia las mujeres crece a diario, los dispositivos existentes en la Ciudad para asistir a las víctimas se encuentran desfinanciados y en pésimas condiciones. Las trabajadoras de la Dirección General de la Mujer, la cual tiene bajo su órbita los CIM que existen actualmente, denuncian un fuerte vaciamiento de la atención que va desde falta de personal –un déficit de, por lo menos, cien trabajadoras–, contratos basura, salarios bajísimos, falta de insumos y problemas edilicios y de infraestructura. El resultado es la incapacidad de atender los casos que llegan al 0800-Mujer por falta de personal, de cupo en los refugios o de profesionales para atender las diferentes temáticas.

 

El gobierno que no se dispone a cumplir con leyes, como la de la construcción de los CIM, que benefician a las mujeres, y es responsable de la represión y brutalidad policiales, luego busca su propio blanqueamiento presentando declaraciones de “preocupación” en el recinto. Una completa impostura.