Este fin de semana falleció Leonardo Macrino, de 42 años, en situación de calle, víctima del abandono y la desidia del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

Leonardo vivía junto a su familia en una habitación de hotel. El miércoles 3 fueron desalojados, quedando con sus pertenencias en  situación de calle, en el barrio de Montserrat. De acuerdo al Decreto de Necesidad y Urgencia 320/2020, se suspenden los desalojos hasta el 30 de septiembre, incluyéndose las habitaciones destinadas a vivienda familiar en pensiones, hoteles o similares; pero el gobierno de la Ciudad no garantiza la ejecución de la norma, habilitando desalojos forzosos e ilegales -en una nueva muestra de que los decretos presidenciales son papel mojado.

Leonardo presentaba, de acuerdo a lo que su esposa declaró, síntomas de Covid-19. Pese a las reiteradas llamadas por parte de los vecinos al 108, el teléfono que el gobierno dispuso para la asistencia a personas en situación de calle, recién en el día de ayer atendieron la situación de la familia. La respuesta del programa Buenos Aires Presente (BAP) se limitó a informarles que por tales síntomas no podían ingresar a paradores, sin realizar siquiera un hisopado, y a otorgarles unas mantas.

El BAP es un programa dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad, que asiste a las personas en situación de calle. En el mes de marzo, sus trabajadores difundieron un comunicado en el que denunciaban la falta de dispositivos para la tarea, desmintiendo la versión oficial del gobierno en cuanto a la ampliación de lugares de albergue y equipos de trabajo. Muy por el contrario, las y los trabajadores han denunciado que los albergues resultan absolutamente insuficientes para la demanda existente, incrementada por la pandemia, y que tanto los elementos de seguridad para la correcta atención sin riesgo de contagio, como los elementos que le proveen a las familias, son escasos por completo.

A esto se le suma que los trabajadores del programa son en su mayoría trabajadores monotributistas precarizados con salarios de miseria, como los que el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat acostumbra a pagar. No cuentan con obra social ni ART, con lo cual la exposición al contagio resulta un ataque más gravoso a sus condiciones de vida, y deben desarrollar jornadas de trabajo muy por encima de la extensión horaria correspondiente.

Las condiciones para el desarrollo de esta tarea no se han modificado, pese a que en los últimos días las cifras indican más de 400 personas contagiadas por día en la Ciudad; pese a que -de acuerdo al Observatorio de Derecho a la Ciudad-, al menos 400 mil personas viven sin acceso a los servicios públicos necesarios (agua y gas) y en condiciones de hacinamiento (propiciando la propagación explosiva del virus). Y a que, si bien el gobierno habla de 2.000 personas en situación de calle, los relevamientos de organizaciones populares arrojan que la cifra real superaría las 7.000.

La muerte de Leonardo y la situación de la familia dan cuenta de las distintas problemáticas que nos aquejan y ante las cuales el gobierno de la Ciudad no da respuesta. La falta de posibilidad de acceso a la vivienda digna (en contraposición al favorecimiento de Larreta en el avance de los grupos inmobiliarios en la ciudad) es un elemento que debe ser tomado en cuenta junto con la imposibilidad de acceso a la correcta asistencia sanitaria y a fuentes de trabajo.

Exigimos al gobierno mayor presupuesto para los programas que atiendan a los sectores más desprotegidos en esta pandemia, alojamiento inmediato transitorio en viviendas vacías para todas las familias en situación de calle que no tienen condiciones para la higiene frente al Covid-19 y se encuentran expuestos al frío, que año a año incrementa el número de víctimas. Exigimos el pase a planta de los trabajadores precarizados del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, y salarios dignos y que no se encuentren por debajo de la canasta básica de alimentos.