Todo lo que fue dado a conocer con posterioridad a la derrota del levantamiento carapintada último, ha confirmado la caracterización que se hizo en el último número de Prensa Obrera con relación al conjunto de las fuerzas presentes en la última crisis. En efecto, la gran burguesía, el imperialismo y el conjunto de la reacción política se agruparon detrás del gobierno, en tanto que los sublevados no expresaban más que a las víctimas y a los desplazados de las crisis anteriores. El programa del indulto estaba encarnado esta vez por Menem y no por Seineldín, y lo mismo ocurría con la política de recomposición del ejército. Los partidos “democráticos” que en forma unánime apoyaron la represión del levantamiento, reforzaron en esa misma medida las posiciones políticas del gobierno indultador, hambreador e interventor de sindicatos.

Los “hombres del proceso”, en cambio, no se equivocaron: Bussi, Ruiz Palacios, Ulloa, el asesino N°1 Menéndez y hasta FAMUS, denunciaron con gruesos epítetos a los amotinados. El carapintada diario La Prensa hurgó en los mejores tesoros de la lengua castellana para denunciar a los seguidores de Seineldín. La muletilla de la “operación dignidad” y del “ejército nacional” desapareció del idioma reivindicativo de Gainza Paz y de sus columnistas. Luego del 3 de diciembre los “nacionales “protagonizaron una verdadera operación de “indignidad” con relación a sus antiguos conmilitones.

Este alineamiento de fuerzas en el plano político reflejó exactamente el que existía en el plano militar. La mayoría de los carapintadas de las antiguas sublevaciones, informa La Nación, se encontraba en el bando “leal”, eran más numerosos entre los represores que entre los levantados en armas; ¡de los indultados, sólo uno estaba entre estos últimos! Verbitsky, de Página 12, confirmó luego al diario de los Mitre, y ratificó también que el movimiento sedicioso estuvo compuesto abrumadoramente de suboficiales, con el añadido de que habían entrado al ejército con posterioridad a 1978 y no tenían acusaciones de represión ilegal. Verbitsky se tuvo que enmendar a si mismo con referencia a un oficial Monner Sanz, ya que el sublevado nada tenía que ver con otro oficial torturador de igual apellido. La circunstancia dramática de esta composición de fuerzas la dio el ingeniero militar sublevado que se suicidó porque no podía tolerar las privatizaciones en el área de Defensa.

Esta configuración de fuerzas revela la escisión política del antiguo movimiento carapintada, que la sedición permitió sacar a luz. Los Rico, Venturino, Barreiro ya habían establecido una coexistencia con el gobierno y los altos mandos sobre la base del indulto y el respeto a las jerarquías constituidas. Estos jefes de la mayoría carapintada repudiaron con bárbaros calificativos a sus ex compañeros levantados, haciendo causa común con los “oficiales del timbre”.

La participación de la Aeronáutica y la Marina en la represión también es reveladora, esto porque la cúpula de la primera está metida a fondo en las privatizaciones y la segunda en el acuerdo con ingleses y yanquis por Malvinas y el Golfo.

La cuestión de la financiación del levantamiento amenazó por un momento con convertirse en otro factor de crisis, y es seguro que algunos pulpos capitalistas quisieron aprovechar el hecho para destronar a sus rivales comprometidos. Se mencionó a Bunge y Born, Fortabat, Frigerio, Cornide — grupos con claras simpatías carapintadas, así como existen otras figuras metidas en otros grupos económicos. Esta gente financia sin ninguna duda a los carapintadas, lo cual no quiere decir que haya apoyado el levantamiento, pues probablemente lo hayan hecho con los carapintadas leales, mucho más numerosos.

Poco después de sofocada la sedición, el gobierno anunció una reforma militar, que tiene más las características de un negocio económico, pues por medio de él las guarniciones militares dejarían terrenos de elevado valor para alojarse en zonas inmobiliariamente marginales. La reforma insinúa la pretensión de reducir el ejército y de darle un carácter profesional o de reclutamiento voluntario. Fue lo que se hizo en Estados Unidos después de Vietnam, aunque cumplida esa etapa de depuración ahora se pretende volver al servicio obligatorio. Un ejército voluntario se adaptaría mejor a las funciones de lucha contra el narcotráfico, que el Pentágono pretende adjudicar a las fuerzas armadas latinoamericanas. Argentina pasaría a tener una guardia nacional, como corresponde a su creciente status colonial.

El fracaso del levantamiento carapintada es antes que nada de origen político. Los sediciosos están convencidos de que los ejércitos constituyen una forma superior de la convivencia humana y de que, por lo tanto, se encuentran por encima de la división de la sociedad en clases. Pretenden hacer, entonces, de la fuerza armada el eje de la reestructuración social del país. Se trata, más que de una utopía, de una fantasía. Esa ilusión militarista o nacionalista funciona cuando corresponde a las necesidades de la clase social dominante o del régimen social existente, y sirve para darle sentido de misión a la prosaica labor de arbitrar los conflictos de clase que hayan llegado a un punto agudo, o a superar el enfrentamiento entre las clases dentro de los límites de la sociedad dividida en clases. Como el último levantamiento no era portavoz de ningún reclamo fundamental de la burguesía, ni aventajaba a los ojos de la burguesía a Menem en las propuestas para salir del estancamiento nacional, no tenía condiciones de prosperar, como sí había ocurrido cuando reclamaba el indulto. Con relación a los trabajadores y a la lucha por sus libertades, el movimiento de Seineldín era francamente reaccionario, como lo simboliza la declaración del mayor Abete, en la que éste afirmó que sólo en la represión de La Tablada el ejército estuvo realmente unido contra un enemigo común. Obviamente para el mayor Abete el imperialismo no figura entre los enemigos que deberían ser combatidos en común junto al pueblo.

El barullo descomunal de Menem and company en favor de la pena de muerte contra los alzados, pretenden simplemente ahogar las pruebas que lo comprometen a él, a su familia, a sus ministros, diputados y secretarios en reuniones y actividades conspirativas con Seineldín y sus secuaces. Hay que denunciar esta cortina y reclamar que en el banquillo de la acusación se sienten todos los funcionarios oficiales, sean civiles y militares, para revelar las trenzas reales de las conspiraciones contra el pueblo, y en particular las relaciones del gobierno nacional con los servicios secretos norteamericanos, específicamente en el manejo de la última crisis militar.