La sesión en la Cámara de Diputados del miércoles 18 seguramente quedará en la historia por su carácter pérfido. A través de un acuerdo político espurio, macristas y kirchneristas pactaron terminar con la llamada “ley antidespidos”. Para ello, montaron una pantomima: los macristas decidieron modificar su voto, cambiando el rechazo por la abstención. Por esa vía permitirían que el proyecto que viene del Senado quede aprobado, a pesar de no tener éste una mayoría de votos en la Cámara de Diputados. Macri lograría así su objetivo de sacarse el tema de encima y aplicar el veto que viene anunciando desde hace semanas, y para el cual recogió un amplio respaldo en la clase capitalista. La frutilla del postre consistió en que el macrismo retiró el proyecto para que la Justicia pueda allanar el departamento de Julio De Vido, en la causa que se le sigue por enriquecimiento ilícito. 

 

Kirchnerismo

 

El Frente para la Victoria y el kirchnerismo participaron conscientemente en esta farsa. Primero decidieron dejar de lado el de por sí estrecho proyecto presentado en Diputados, para hacer suya una versión limitadísima votada en el Senado, que excluye la retroactividad, reduce el alcance de la prohibición a seis meses y mantiene los “recursos preventivos de crisis”, por los cuales los capitalistas le transfieren a los trabajadores los costos de las bancarrotas económicas. Pero, luego, el propio bloque del PJ-FpV del Senado se desentendió de este proyecto. Sus mandantes, los gobernadores, hicieron un gesto claro: el mismo día que debía tratarse la ley en Diputados se reunieron con el gobierno nacional en Córdoba para firmar un acuerdo de distribución de la coparticipación federal, que tiene otra vez tendrá como víctima a los fondos jubilatorios de la Anses. Al final, y como era previsible, la cuestión de los despidos había sido agitada como un instrumento de chantaje y negociación.

 

La llave maestra para que esta puesta en escena se consume hasta el final la tuvo la burocracia sindical, que jugó el papel más cínico de todos. En los días previos a la sesión ya hicieron saber a los diarios que el veto de Macri no sería respondido con un paro nacional y un plan de lucha. Para que no haya dudas al respecto, Andrés Rodríguez, burócrata máximo de UPCN, decidió en las vísperas de la sesión de Diputados firmar un acuerdo salarial con el gobierno que es ruinoso para los trabajadores, que empieza con un 7% y que termina en un 31%, luego de innumerables cuotas. 

 

La burocracia se valió del recurso del proyecto de prohibición de despidos para no convocar a medidas de acción directa, en primer lugar contra los propios despidos, tampoco por la abolición del impuesto al salario -aceptando de hecho que el tema pase al año 2017- ni por aumentos salariales que permitan recuperar lo perdido por la carestía. La burocracia sindical actuó en defensa de su caja, recibiendo un aumento de los fondos de las obras sociales y en representación de los intereses de sus respectivas patronales. 

 

Massa

 

Macri aceleró los términos de la maniobra parlamentaria, viabilizando la aprobación del proyecto pejotista del Senado, ante el peligro que un rechazo de éste derivara en la aprobación del proyecto de Massa. Dicho proyecto contiene, junto con las cláusulas de prohibición de despidos por seis meses y de doble indemnización, una serie de subsidios importantes para los capitalistas. Muchos diarios destacaron que Macri no quería afrontar el alto costo fiscal de estos subsidios ni darle a Massa un protagonismo político. Pero, en realidad, la explicación es otra. La función de los subsidios en el proyecto de Massa es lograr la recuperación de la tasa de beneficio del capital mediante una combinación que incluya la reducción del precio de la fuerza de trabajo con el aporte de fondos públicos a las patronales. Macri, en cambio, quiere tentar a los capitalistas con una reforma laboral flexibilizadora, que tendrá su primer capítulo con la llamada “ley de primer empleo”. Ya Triaca hizo saber que llevará al Consejo del Salario Mínimo la propuesta de establecer el presentismo y el descuento de los días de huelga.

 

Balance

 

La perfidia que se desplegó por parte de todos los bloques políticos patronales no debiera sorprender. El Congreso que convalidó el pacto con los fondos buitre no será quien pare los despidos y suspensiones. Esto fue lo que señaló nuestro bloque el 30 de marzo ante los secretarios generales de las cinco centrales en el Congreso. En esa oportunidad, anticipamos que la “parlamentarización” de los reclamos llevaba a un callejón sin salida.

 

El proyecto que presentamos sirvió para plantear un programa obrero frente a la crisis y para desenmascarar los límites de los otros proyectos. Insistimos en que los trabajadores deben valerse de la acción directa y de sus métodos históricos de lucha para conquistar sus reivindicaciones. Sólo cuando eso ocurre el Congreso puede convalidar triunfos conquistados con la lucha.

 

Este es el camino que marcan las grandes luchas que crecen especialmente en el sur del país, como Tierra del Fuego, Santa Cruz y Comodoro Rivadavia, y que también tuvieron su expresión en la Ciudad de Buenos Aires con la masiva movilización universitaria a Plaza de Mayo, en las luchas estudiantiles por el boleto en La Plata y el reanimamiento del movimiento piquetero ante el crecimiento de la pobreza. Se tratan de luchas que superan el chaleco de fuerzas de la burocracia sindical y enfrentan por igual a gobiernos macristas y kirchneristas.

 

Asistimos a una bancarrota económica que plantea nuevamente la cuestión de fondo que cruza al país: si la crisis la pagan los capitalistas o los trabajadores. Esta es la “grieta” que debemos desenvolver, desarrollando todas las potencialidades que contienen las luchas de los trabajadores y estructurando una alternativa política independiente, anticapitalista y socialista.