Después de superar una férrea oposición inicial por parte de los gobernadores del noreste y el noroeste, la ley de bosques o “ley Bonasso” (por Miguel Bonasso, autor del proyecto) fue finalmente aprobada.

¿Qué cambió para que esa sanción fuera posible y, además, mostrada por sus opositores de ayer como si fuera un avance para las regiones del NEA y el NOA?

“El verdadero logro, según los legisladores, es la creación de un fondo de mil millones de pesos anuales, que permitirá resarcir a las provincias y a los productores por la protección del bosque y financiar programas de desarrollo sustentable” (El Tribuno, 30/11).

Así, hasta Greenpeace festejó la aprobación de una ley que no cambiará nada ¿Por qué? Porque el ordenamiento territorial lo harán los mismos organismos provinciales que hasta hoy han habilitado el desmonte de miles de hectáreas, y los parámetros que se usarán para determinar las áreas por desmontar seguirán regidos por el negocio y no por la preservación del medio ambiente. El fondo creado sólo será fuente de negociados.

Quienes se oponían al proyecto original sostenían que frenar los desmontes era prolongar la pobreza de los habitantes del campo. Sin embargo, la expansión de la frontera agropecuaria provoca la expulsión de sus tierras de una multitud de indígenas y de campesinos, que terminan hacinados en la periferia de las ciudades.

Localidades como Anta, en Salta, a partir del desarrollo sojero han disminuido su población en términos absolutos durante los últimos diez años. No se trata sólo de un problema social –está claro que la soja degrada el suelo– sino de un problema básicamente social. Nada de eso es tenido en cuenta por la “ley Bonasso”.

Propiedad y programa

La ley aprobada, mostrada por Greenpeace como una conquista popular, no considera el régimen de propiedad de la tierra: ahí está el meollo del asunto. Si la tierra sigue concentrada en manos de grandes productores –muchos de ellos compañías monopólicas extranjeras– no hay posibilidades de detener los desmontes y menos aún la expulsión de los pobladores del campo.

En el caso de Salta, que vendió una reserva natural a precio de remate, el 75 por ciento de la tierra es propiedad de grandes productores. Por eso no es de extrañar que la provincia tenga la tasa más alta de desmontes.

La destrucción de bosques y montes es responsabilidad principal de quienes concentran la propiedad de la tierra para aprovechar el auge exportador. Ellos, además, tienen subsidios y exenciones impositivas, expulsan o esclavizan a criollos y a indígenas y hasta organizan bandas armadas para asesinar a quienes defienden su derecho a la tierra. Por eso el Partido Obrero levanta el siguiente programa:

• Congresos provinciales de comunidades indígenas, campesinos criollos y pequeños productores, para elaborar un pliego de reivindicaciones que permita una acción común en defensa del derecho a la tierra;

• Reforma agraria. Expropiación de los latifundios. Impuestos progresivos al capital agrario. Plan de producción elaborado en función de las necesidades colectivas, con financiamiento y respaldo técnico del Estado;

• Suspensión de los desmontes hasta la aprobación de ese plan de producción;

• Plan de recuperación de las áreas desmontadas. Atención sanitaria universal. Educación bilingüe en todos los niveles, financiada con el impuesto extraordinario al capital agrario;

• Creación de áreas de reserva bajo control de las comunidades y de las universidades públicas;

• Juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales de los asesinatos de campesinos. Juicio de responsabilidad a los funcionarios que habilitaron el proceso de concentración de tierras, la expulsión de campesinos e indígenas y el saqueo y la destrucción de los recursos naturales.