En menos de una semana, el gobierno redujo significativamente los alcances de la reforma de la Ley de Abastecimiento. “El oficialismo atendió los reclamos empresarios y suavizó el proyecto de Ley de abastecimiento”, tituló BAE (27/8).
El proyecto ahora excluye de los alcances de la ley a las pequeñas y medianas empresas siempre “que no detenten posición dominante en el mercado”. Gran parte del universo pyme, sin embargo, es un conjunto de satélites de las grandes empresas que se sirven de los beneficios impositivos, financieros o laborales que rigen para el sector. De entrada, se omite el control, según cifras de las entidades, a cerca del 44% de las empresas industriales y el 25% de las de comercios y servicios.
El suavizado proyecto oficial dio marcha atrás con otros puntos: ahora establece la necesidad de autorización judicial previa a las clausuras e inhabilitaciones de empresas infractoras, la eliminación de la “clausura definitiva” y el pago de una “compensación” a quienes sean obligados a producir a pérdida.También se asegura una cláusula de “confidencialidad” respecto de la información contable, la cadena de costos o los márgenes de rentabilidad de las empresas investigadas.
Los cambios “sorpresivos” -como interpretaron algunos analistas- dan cuenta de la improvisación en la que se mueve un gobierno; el proyecto original había encontrado fuertes resistencias dentro de los propios senadores K. Estamos ante un taparrabos frente a la inflación
A pesar de estas reformas, el empresariado está decidido a voltear la aprobación de la ley dentro o fuera del Congreso. En tiempos de defol, crisis y recesión, la burguesía está decidida a marcar la cancha del gobierno para que se disponga a un pronto arreglo con los buitres, una nueva devaluación y el ajuste a fondo contra los trabajadores.

Matías Villar