La sesión de diputados del miércoles 23 sirvió para mostrar hasta qué punto el default político del gobierno es incapaz de enfrentar a la derecha y no hace más que allanar su camino a la victoria.

La oposición patronal había convocado a una sesión con el único objetivo de tratar una nueva ley de alquileres en la que se avance sobre los pocos puntos progresivos de la ley vigente: el contrato de tres años y la actualización anual de los montos. Si bien en un principio se especuló con la posibilidad de que no se consiga el quórum suficiente para esta avanzada reaccionaria, finalmente fue Milei con su bloque de tres diputados quien le hizo el guiño necesario a Juntos por el Cambio para que la sesión comience.

Por el lado del gobierno, ni siquiera consiguió movilizar a la totalidad de su tropa, ya que hubo 13 ausentes del bloque del Frente de Todos que, de haber concurrido, podrían haber cambiado el resultado. Ni hablar del diputado camporista de Salta, Emiliano Estrada, que decidió abstenerse en lugar de impugnar la propuesta opositora.

La votación en las comisiones le otorgaba al dictamen oficialista la condición de ser el mayoritario y por ende el primero en votarse. Se trata de un proyecto que mantenía los dos puntos importantes de la legislación vigente aunque otorgaba exenciones impositivas y distintos beneficios a los propietarios. Detrás de la búsqueda de “incentivos” para aumentar la oferta de alquileres, el gobierno desnudaba la clase social a la que defiende.

Mientras llegaban desde Washington las confirmaciones del desembolso del FMI y el aval a la devaluación llevada adelante por Massa, sus compañeros de Unión por la Patria le quitaban el cuerpo a la defensa de los inquilinos en un marco desesperante para todos aquellos que dependan de un alquiler para contar con un techo donde vivir.

Es que como dijo la diputada Romina Del Plá: “estamos ante uno de los fracasos más estrepitosos de los que se tenga memoria, la incapacidad de darle una mínima solución al problema de la vivienda de millones y millones de personas”. La situación de la vivienda que excede ampliamente la cuestión de los alquileres es cada vez más acuciante para alrededor de 15 millones de personas que o no tienen vivienda, o están hacinados o son arrojados a asentamientos inundables, sin urbanización que además son sistemáticamente reprimidos.

Es evidente que la situación actual es insostenible. Con una inflación anualizada que superará en agosto el 120% y subiendo, los propietarios rechazan la legislación actual y aplican un lock out, quitando sus viviendas de la oferta de alquileres y empujando los precios a niveles exorbitantes.

En este contexto, frente a la clara responsabilidad del desbande económico en curso, el gobierno no hizo más que defender tibiamente su dictamen, a sabiendas que no tenía el número necesario para que se aprobara. Sin embargo, en caso de haber querido defender  a los millones de inquilinos que padecen esta realidad, podrían haber apuntado a que se rechazara también el dictamen de minoría lo cual volvía todo a foja cero. Una situación insostenible, pero que no permitía nuevas conquistas de los propietarios sobre los inquilinos.

Romina Del Plá y todos los diputados del Frente de Izquierda intervinieron denunciando la ley vigente y en el caso de Romina defendiendo un proyecto presentado el año pasado en donde se grava la vivienda ociosa, se dispone de terrenos fiscales para la construcción de viviendas populares y se plantea la urbanización de los barrios populares en función de la recaudación de ese impuesto.

Frente a la negativa de la Cámara de incluir ese proyecto entre los tratados las y los diputados del FIT-U votaron a favor del dictamen de mayoría, luego de haber intentado dejar sin quórum la sesión. Esa votación fue rechazada de por 131 votos sobre 240, dando lugar al tratamiento del dictamen de minoría.

La propuesta opositora implica retornar a los contratos de dos años y que las actualizaciones se hagan de cuatro meses en adelante, empeorando la ya dramática situación de quienes alquilan. Para peor, en lugar del índice actual (una combinación en partes iguales de inflación y Ripte) nefasta para los trabajadores informales, el proyecto opositor ni siquiera impone un índice dejando librado a la suerte las actualizaciones que quieran propietarios e inmobiliarias

A la hora de someterse a la votación quedó expuesto el abandono de un gobierno en bancarrota no solo económica, sino también política, ya que con sus 13 ausentes (más quien se abstuvo) podría haber rechazado ese dictamen impidiendo el golpe nuevo que se impuso con 125 votos favorables y 112 votos en contra. No lo hicieron y la propuesta que pasa al Senado es un retroceso en toda línea.

La sesión sirvió para clarificar el panorama político del país posterior a las Paso: una derecha envalentonada, una alianza entre Milei y Juntos por el Cambio para obtener el quórum (aun cuando el liberfacho no votase ninguno de los dos dictámenes) y la incapacidad del gobierno fondomonetarista para representar el más mínimo interés popular. Dicho de otra manera, los políticos del FMI en todas sus variantes le han clavado un nuevo puñal a los desposeídos en medio de un caos económico, la confiscación del salario y el desbande inflacionario.

Los inquilinos y todos los sectores populares en Argentina tenemos el desafío de organizarnos para defender nuestros derechos frente a la ofensiva patronal. Pero no se trata solo de eso, sino de hacer frente al escenario de guerra económica que se prepara contra la clase trabajadora con el apoyo del imperialismo y todos sus candidatos.

 

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