Un nuevo capítulo sobre la reforma de la Ley de Alquileres ha comenzado. El miércoles 22 un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados emitió dos dictámenes para modificar la ley. La coalición oficialista del Frente de Todos (FDT) logró imponer el suyo, con la obtención de 40 firmas, mientras que la oposición, que congregó a Juntos por el Cambio, Frente de la Concordia, interbloque Federal e interbloque de Provincias Unidas, se hizo con el respaldo de 39 diputados, quedando en minoría.

El debate parlamentario sobre la ley en cuestión tuvo lugar en el marco de una crisis de vivienda de grandes magnitudes, que es producto del ajuste y de la política proinmobiliarias y fondomonetarista del gobierno de Alberto Fernández. Esta crisis de vivienda, que forma parte de un ataque contra la clase obrera en su conjunto, se combina y retroalimenta con la crisis económica y social que hoy sacude al país. Por eso la diputada del Partido Obrero, Romina Del Plá, comenzó su intervención denunciando la política de desalojos, la cual es una derivación represiva de la orientación de ajuste.

 

El dictamen de mayoría, en manos del FDT, mantiene en lo esencial la ley vigente que se sancionó hace dos años, pero con el agregado de nuevos beneficios fiscales para los propietarios. Insiste por un camino que ya fracasó, no avanza un paso en resolver la crisis de vivienda, y su aplicación solo devendría en mayores ganancias para los capitalistas, mientras los inquilinos siguen padeciendo los altos precios de alquiler, además de requisitos abusivos por parte de propietarios e inmobiliarias.

La novedad, con respecto al escenario anterior, es que los dos dictámenes que se enfrentaban a la propuesta oficialista se unificaron dando lugar a uno cuyo contenido es extremadamente negativo para los inquilinos. Supone, entre otras cosas, una liberalización del mercado de alquileres en beneficio de los propietarios. No por nada la propuesta recogió el apoyo del grueso del capital inmobiliario.

En este, el contrato de alquiler sería por un plazo mínimo legal de dos años (el plazo de la ley actual es de 3 años), el precio del alquiler podrá ajustarse con la periodicidad que acuerden las partes (sic), que podría ser trimestral, semestral o anual (actualmente es anual), y esos ajustes se configurarían de acuerdo a diversos índices (o a una combinación entre ellos), como el de precios al consumidor (IPC) o el de salarios elaborado por el Indec.

A su vez, contempla toda una batería de incentivos fiscales para los propietarios tales como la exención del pago de Bienes Personales para los inmuebles dirigidos al alquiler de casas-habitación, o la eximición de impuestos a los débitos y créditos bancarios en caja de ahorro o cuentas corrientes empleados para las operaciones inmobiliarias con el mismo destino.

Ni el FDT ni la oposición tienen los votos asegurados para aprobar sus dictámenes. Si alguno se aprueba, de todas formas, debería refrendarse luego en el Senado. El escenario en todo caso sigue abierto y no es más que una expresión de la crisis política que envuelve a los partidos de la grieta.

Ambos bloques buscan ocultar el carácter irreconciliable de las contradicciones entre los intereses del capital inmobiliario y de los trabajadores. Para estos últimos es perjudicial ya que los dos dictámenes colocan el eje de una supuesta solución al problema de la vivienda en hacer concesiones a los propietarios, cuando todo debería organizarse a partir de las necesidades de los inquilinos, que son la mayoría.

Como denunció Del Plá, esta situación está golpeando duramente a los trabajadores. La línea de pobreza se encuentra hoy en casi 100 mil pesos y el salario mínimo fijado por el gobierno nacional roza la línea de indigencia, que está en 44 mil pesos; ninguna de esas dos estadísticas, además, tiene en cuenta el valor del alquiler, que continúa en ascenso y cuya oferta permanece estancada. Un monoambiente en la Ciudad de Buenos Aires, durante mayo, ha llegado a costar casi 51 mil pesos. Por otro lado, un departamento de dos ambientes y 50 metros cuadrados se ubicó en 60 mil, mientras que uno de tres ambientes y 70 metros cuadrados se alquila por 82 mil. En mayo, los alquileres subieron un 6% por encima del mes anterior y los nuevos contratos de alquiler, en lo que va del año, acumularon una suba que casi empata la inflación (Observatorio Metropolitano, 3/6).

La combinación entre el ajuste que ejecutan los gobiernos y la especulación inmobiliaria ha venido provocando una expulsión masiva de inquilinos hacia la periferia, e incluso a la calle. Cuando esto muchas veces lleva a la toma de tierras por parte de las familias, los gobiernos se encargan de reprimirlas, defendiendo la miseria, como hizo el oficialismo en Guernica.

El bloque del Frente de Izquierda y del Partido Obrero ha defendido su proyecto para la vivienda. Los trabajadores deben tener herramientas para defenderse frente a los ataques que se vienen. La constitución de un sindicato de inquilinos, un planteo que hemos levantado, sería clave para luchar por el derecho a la vivienda para toda la clase obrera.