La enorme crisis que se ha abierto en torno a la vivienda, con alquileres que consumen hasta el 50% de un salario, llevó al oficialismo a descongelar en el Congreso el proyecto de Ley de Alquileres, que había obtenido media sanción dos años atrás. La iniciativa obtuvo el 16 de octubre un dictamen favorable en la Comisión de Legislación General de Diputados, abriéndose camino para ser votada en la Cámara Baja y luego en el Senado.

Sin embargo, habiendo transcurrido tan solo una semana, el de por sí limitado proyecto ya se habría devaluado más que la moneda nacional en los últimos meses.

Desde la cartera de Vivienda, tras reunirse con representantes de las empresas del sector inmobiliario, informaron que “se logró construir un borrador” que limitaría los paliativos para los inquilinos contemplados en el proyecto original. El gobierno reconoció explícitamente que se eliminaría la cláusula que impide a las inmobiliarias cobrar comisiones a los inquilinos, pero las informaciones volcadas por los diarios van mucho más lejos: según Clarín (22/10), “se aceptó incorporar al debate” que el propietario pueda exigir más garantías que “recibos de sueldo y algún seguro de caución”; que vuelen los topes a las comisiones que pueden cobrar las inmobiliarias a los propietarios (que estos, posiblemente, descargarán en los residentes); que baje el monto mensual a partir del cual no aplica la ley (de $82.590 a $30.000) y que se quite la obligación de registrar los contratos ante la AFIP –con lo que seguirían en la penumbra los abusos que existen hoy día contra los residentes.

Con este paquete de modificaciones, los beneficios de la norma quedarían restringidos al término de tres en lugar de dos años en el contrato, y no mucho más. Sin embargo, varios medios informan que existe acuerdo del gobierno para que la actualización semestral del monto, que iba a establecerse por un promedio entre el Coeficiente de Variación Salarial y la inflación, quede en la nueva versión sujeto a la variación de la UVA (es decir, a la inflación). A su turno, el sector inmobiliario puja para que se establezca un trámite exprés de desalojo para inquilinos.

De seguir este curso, la Ley pasaría de ser un calmante a convertirse en un tóxico para quienes alquilan, que verían aumentar la renta al ritmo de una carestía superior a su salario –y, de no poder pagarlo, serían expulsados de manera exprés.

En todo este escenario, las grandes corporaciones inmobiliarias son figuradas en pie de igualdad con los pequeños propietarios, en muchos casos trabajadores –una igualdad inexistente, como demuestra la desaparición del tope en las comisiones a los dueños.

Mientras unos llevan estas negociaciones, cerca de veinte titulares de las cámaras y federaciones de inmobiliarias y propietarios realizaron una conferencia en el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad, en la que amenazaron con una “lluvia de recursos de amparo” en caso de que salga la ley (La Nación, 23/10). Se trata de un movimiento de tenazas: de no conseguir una Ley que mejore sus condiciones actuales, el capital inmobiliario anuncia una guerra judicial.

El temprano ocaso de la iniciativa oficial remarca la necesidad de una salida de fondo ante la crisis de vivienda, basada en el interés de las masas trabajadoras.